El Congreso aprueba la senda de déficit y se someterá de nuevo a la mayoría absoluta del PP en el Senado

El techo de gasto se eleva a 199.120 millones de euros en 2024, un 0,5% más que el año anterior, incluyendo fondos de la Unión Europea

El Congreso de los Diputados ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2024-2026, de tal manera que se enviarán al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y previamente los rechazó en una primera tramitación el pasado 7 de febrero.

La votación ha resultado en 176 votos a favor, de PSOE, Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, Junts, Coalición Canaria, BNG y Podemos; y 171 en contra, de PP, Vox y UPN. También se ha aprobado el plan de reequilibrio que acompaña a los objetivos, una hoja de ruta presupuestaria para el próximo trienio.

Los objetivos establecen un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones Públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. Para las autonomías, se ha fijado un objetivo del 0,1% para 2024, mientras que buscan el equilibrio presupuestario en 2025 y 2026.

Para las entidades locales, se ha acordado el equilibrio presupuestario (0%) de 2024 a 2026, y para la Seguridad Social, el déficit se ha establecido en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y 0% en 2026. El techo de gasto se eleva a 199.120 millones de euros en 2024, un 0,5% más que el año anterior, incluyendo fondos de la Unión Europea.

En cuanto al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, 105,4% en 2025 y 104,4% en 2026. Finalmente, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, 2,7% en 2025 y 2,8% en 2026.

El Senado decide de nuevo

Después de pasar por el Congreso, el Senado tendrá la última palabra sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Este paso es crucial ya que estos objetivos son el primer paso hacia la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

Sin embargo, si el Senado rechaza nuevamente la senda de déficit, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido que los objetivos establecidos serán los remitidos a la Comisión Europea en abril como parte del Programa de Estabilidad. Esto significaría una menor capacidad de gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Aunque el Gobierno no contempla un segundo veto a los objetivos, en caso de que ocurra, Hacienda cuenta con un ‘plan B’: un informe de la Abogacía del Estado respaldado en el artículo 135 de la Constitución, que permitiría la tramitación presupuestaria con la senda enviada a Bruselas.