El clamor social y político por el escándalo del cribado del cáncer de mama obliga al Gobierno andaluz a cortar cabezas

El Ministerio reclama los datos sobre «todos» los programas de cribado que realizan -cáncer de mama, colon y cérvix- para hacer un «seguimiento exhaustivo» de su desarrollo en todo el país

La enorme presión social por el escándalo en las negligencias sobre el cribado del cáncer de mama se ha cobrado ya la primera pieza con la dimisión de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández.

En varias provincias andaluzas como Sevilla, Córdoba o Granada ha habido concentraciones donde los manifestantes han reclamado que se depuren responsabilidades y más fondos para una sanidad pública de calidad bajo el lema «las vidas no pueden esperar». Esta protesta ha sido liderada por Amama y respaldada por sindicatos, partidos de la oposición, Facua y Marea Blanca.

La dimisión de la consejera la anunció anoche el presidente andaluz, Juanma Moreno, y es la primera medida que adopta el Ejecutivo andaluz para depurar responsabilidades y lo hace días después de saltar el escándalo a la opinión pública y después de que se hayan anunciado actuaciones judiciales por parte de las afectadas.

Primera gran crisis

Moreno afronta la primera gran crisis política desde que llegó al poder al frente del Ejecutivo andaluz en un momento en el que las encuestas anunciaban su mayoría absoluta.

En los partidos de la oposición y en organizaciones sociales se le acusa de actuar con lentitud en este asunto que ha saltado a la política nacional. La dimisión de la consejera es la primera pieza que cae en un entramado sanitario que todavía no ha aclarado qué pasó para que no se comunicase a 2.000 pacientes que sus pruebas sobre cáncer de mama habían arrojado dudas de padecer un tumor.

Desde el PSOE se han apresurado a recordar que fue le entonces consejera de Salud y actual vicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, la que ordenó eliminar del protocolo de los cribados la obligación de llamar a las pacientes, al margen del resultado de las pruebas.

Sin embargo, ni las afectadas ni los partidos consideran que la responsabilidad sea únicamente de Montero porque desde que llegó el PP al Gobierno ha tenido años de gestión y tiempo para corregir esos protocolos que han fallado ahora.

«No hay excusas»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia convocada de forma inesperada para las 20,30 horas de este miércoles, en la que ha confirmado que ha aceptado la dimisión que le ha presentado la consejera, y ha lamentado que la noticia les haya llegado por las pacientes y no por los mecanismos de control de la propia Consejería, un hecho por el que ha dicho que “no hay excusas”.

Moreno, que ha anunciado además la contratación de decenas de profesionales para repetir las pruebas a todas las mujeres afectadas antes de finales de noviembre, afirma además que los protocolos cambiarán para que de ahora en adelante se informe del resultado de las pruebas, sea el que sea.

La dimisión de la consejera, que en sus primeras palabras al referirse a este asunto mintió al decir que solo afectaban a tres o cuatro mujeres cuando en realidad se conocen al menos 2.000 afectadas en varias provincias de la comunidad, llega tras el clamor social y político.

Denuncia judicial

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), Ángela Claverol, ha desvelado que «hay varias mujeres muertas ya por retrasos» en las pruebas diagnósticas complementarias del cribado del cáncer de mama, por lo que ha exigido que «se depuren todo tipo de responsabilidades hasta sus últimas consecuencias» y ha confirmado la presentación de una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo.

La asociación Amama ha confirmado que estudia la vía penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz del cáncer de mama. Queda por decidir, una vez que se estudie «caso por caso» la documentación recibida, si será en forma de demanda colectiva o de manera individual.

 Entre los posibles delitos, el de lesiones por imprudencia, homicidio y dejación de atención sanitaria. Igualmente, presentará reclamaciones patrimoniales para «paliar el perjuicio» que han sufrido «muchísimas mujeres» y ha exigido que a las afectadas se les hagan las pruebas «ya» y que «se revisen todas» las mamografías.

Madrid mueve ficha

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que ha reclamado a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los datos sobre «todos» los programas de cribado que realizan -cáncer de mama, colon y cérvix- para hacer un «seguimiento exhaustivo» de su desarrollo y «reforzar la vigilancia» en todo el país.

El Ministerio de Sanidad ha pedido así la colaboración de los gobiernos autonómicos tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, comunidad por la que comenzará este estudio «pormenorizado» de los cribados, según avanzaba la ministra esta semana.

«Fallo estructural»

En rueda de prensa tras el pleno del CISNS, la titular de Sanidad ha insistido en que la situación en Andalucía «no es un fallo puntual, no es un fallo informático», como han apuntado desde el gobierno regional, sino un «fallo estructural» que ha achacado a «falta de control» y «falta de seguimiento». «Y quiero ser muy clara, esto no puede ocurrir, no puede ocurrir con los programas de prevención, no podemos tener fallos estructurales que arriesguen la vida de las mujeres. Y menos aún cuando estos fallos proceden de años de desinversión y de la falta de confianza del Gobierno, nuevamente del Partido Popular, de Moreno Bonilla, en nuestra sanidad pública», ha aseverado.

«Sabemos que reforzar los cribados es salvar vidas. Por eso vamos a trabajar de la mano de las comunidades autónomas para garantizar que todos los cribados funcionan como tienen que funcionar, que van a llegar a quien tienen que llegar y que lo hacen con la calidad, la cobertura y la humanidad que ofrece nuestro Sistema Nacional de Salud siempre», ha finalizado la ministra.