El Consejo del Poder Judicial rechaza las críticas de Teresa Ribera al Juez del ‘Tsunami Democràtic’

20 de enero de 2024
1 minuto de lectura
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. | Fuente: Alejandro Martínez Vélez / EP

La Comisión destaca la importancia de preservar la independencia del tercer poder y llama a la responsabilidad institucional en medio de tensiones políticas

En una reunión telemática extraordinaria, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado por unanimidad su «rotundo rechazo» a las críticas formuladas por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, contra el juez Manuel García Castellón, encargado del caso Tsunami Democràtic.

La Comisión considera que estas críticas son «contrarias» al «deber de respeto a la independencia judicial» y ha instado a la «responsabilidad institucional» para evitar la politización de la Justicia.

La reunión fue solicitada por los tres vocales conservadores del CGPJ, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona, quienes urgieron al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, a convocarla para abordar las críticas de Ribera. La decisión de expresar un rechazo unánime es inusual en un Consejo generalmente dividido entre bloques progresistas y conservadores.

El motivo central de la reunión fue analizar las declaraciones de Teresa Ribera, quien cuestionó la reciente resolución de García Castellón de remitir el caso Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para investigar a figuras prominentes, incluyendo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por presuntos delitos de terrorismo.

La Comisión Permanente ha señalado que las palabras de Ribera «son contrarias al principio de lealtad institucional» y al «deber general de respeto a la independencia judicial», fundamentales en un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea.

Deterioro institucional

En consecuencia, la Comisión sostiene que las críticas «merecen un rotundo rechazo», ya que afectan la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, especialmente cuando interfieren en una investigación en curso.

En un llamado a la moderación y responsabilidad institucional, la Comisión Permanente ha reafirmado la importancia del derecho de libertad de expresión, al tiempo que subraya que la actuación del Poder Judicial busca el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos españoles, pilares de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

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