El ‘caso fiscal general’, paso a paso: los chats, correos y llamadas que acorralan a García Ortiz

Tanto García Ortiz como Pilar Rodríguez gozan de la presunción de inocencia y no pueden ser considerados culpables de la filtración mientras no recaiga una sentencia firme

Nunca antes, desde la llegada de la democracia en España, un fiscal general del Estado había sido procesado por presuntamente filtrar información reservada a los medios con fines políticos: atacar a una rival del Gobierno que lo nombró. Y no se trata de una filtración menor, sino de una operación presuntamente orquestada desde la cúpula del Ministerio Público para alimentar la estrategia política de Moncloa. Todo ello, pese a la especial obligación de confidencialidad que recae sobre los fiscales respecto a los asuntos de los que conocen.

Comprender los indicios que han llevado al magistrado instructor a procesar al fiscal general es sencillo si repasamos la cronología que se desprende de los Autos dictados durante la instrucción:

2 de febrero de 2024
El abogado de Alberto González Amador remite a la Fiscalía de Delitos Económicos un correo con una propuesta de conformidad penal. Se trata de información reservada.

5 de marzo de 2024
Se presenta denuncia en el Juzgado Decano de Madrid.

7 de marzo de 2024
La Fiscalía Provincial de Madrid traslada el expediente completo a la Fiscalía General del Estado a través de Diego Villafañe, número dos de Álvaro García Ortiz. La petición se realiza debido a que González Amador es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

12 de marzo de 2024

• 06:01 h. elDiario.es publica la denuncia completa y parte del expediente, antes incluso de que el abogado de González Amador reciba oficialmente la denuncia ni que ésta quede registrada en el Decanato.
• Más tarde, la fiscal Pilar Rodríguez Fernández admite en un WhatsApp que «la información publicada en elDiario.es era la que ella había remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE)».

13 de marzo de 2024

• 21:29 h. El Mundo publica: «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto…». Según el auto del juez Hurtado, este titular activa la dinámica impulsada por García Ortiz.
• 21:34 h. Pilar Rodríguez recibe una llamada del fiscal general; mantienen una conversación.
• 21:39 h. A petición de García Ortiz, Rodríguez solicita a Julián Salto los correos intercambiados entre el fiscal y el abogado, incluido el del 2 de febrero.
• 21:54–21:59 h. Rodríguez reenvía ese correo al Gmail personal de Álvaro García Ortiz.
• 23:25 h. En el programa Hora 25 de la Cadena SER se divulga verbalmente el contenido del correo.
• Durante la noche, García Ortiz y Pilar Rodríguez mantienen otra conversación, en la que esta última bromea con añadir «un poquito de cianuro» a la nota de prensa que preparaban para el día siguiente.
• 23:51 h. La web de la SER publica extractos literales del correo.

14 de marzo de 2024

• 08:44 h. Desde Presidencia del Gobierno, el correo del 2 de febrero se pone a disposición de Juan Lobato para su uso político en la Asamblea de Madrid. Lobato pregunta si el correo ya ha sido publicado en algún medio y de dónde procede. «Porque llega, la tienen los medios», responde la asesora de Presidencia, Pilar Sánchez Acera. Lobato insta a esperar su publicación para evitar que parezca una filtración directa de la Fiscalía.
• Moncloa coordina la publicación del correo en elplural.com antes del pleno de la Asamblea, para que Lobato pueda utilizarlo. Sobre las 10:00 h, la directora del medio envía un WhatsApp a Lobato: «No hay que liarse en eso: el novio reconoce los delitos, no habla de ninguna trama ni contra él ni contra su novia. Ayuso mintió», acompañado de un enlace a la noticia: «Mientras Ayuso lo negaba todo, su pareja ofrecía un pacto a la Fiscalía para admitir tres delitos».
• 10:20 h. La Fiscalía Provincial de Madrid publica una nota oficial, redactada con la participación de García Ortiz y Pilar Rodríguez.

Como puede apreciarse, esta sucinta cronología dibuja con claridad la anatomía de la presunta filtración: cada paso, cada correo, cada mensaje muestra el patrón de una operación políticamente coordinada entre la Fiscalía General, Presidencia del Gobierno y determinados medios de comunicación.

En todo caso, es fundamental recordar que tanto Álvaro García Ortiz como Pilar Rodríguez gozan de la presunción de inocencia y no pueden ser considerados culpables de la filtración mientras no recaiga una sentencia firme. Sin embargo, más allá de los indicios, la posición del fiscal general al frente del Ministerio Público resulta insostenible, dado que el fiscal encargado de su enjuiciamiento depende jerárquicamente de él.