El acusado de matar y esconder un mes el cadáver de su inquilina admite el crimen

Asegura que existieron «alevosía y ensañamiento» y recuerda que la mujer ya había presentado una denuncia por la «mala relación de convivencia»

Un hombre acusado de matar el 29 de agosto de 2023 a una mujer y ocultar su cadáver durante casi un mes en una vivienda de Alicante ha reconocido este lunes el crimen ante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial con jurado popular.

El procesado, que en ese momento padecía un trastorno de personalidad y esquizofrenia indiferenciada, aseguró que la víctima le hacía la «vida imposible» y le «maltrataba cada día más». Alegó además que «no tenía tratamiento» y que estaba «abandonado» por la administración.

Según el ministerio fiscal, el acusado cogió un cuchillo de 15 centímetros y un martillo y «atacó» a la inquilina de forma «súbita, sorpresiva e inesperada, sin que tuviera tiempo de percatarse ni reaccionar». Le propinó 16 puñaladas, según recoge 2ominutos.

El cuerpo permaneció en la vivienda hasta el 24 de septiembre, cuando el hombre llamó al 091 y reconoció el crimen. La Policía Nacional acudió al domicilio, él les abrió la puerta y los agentes encontraron el cadáver en una habitación, tendido en el suelo y tapado con bolsas y un edredón.

La Fiscalía pide 12 años de prisión y libertad vigilada durante cinco años. Además de una indemnización de 20.000 euros para el hijo de la fallecida. En su escrito recoge las atenuantes de confesión y de alteración parcial de las capacidades volitivas del acusado.

Alevosía y ensañamiento

La acusación particular reclama 21 años de cárcel y libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la condena. Exige además una indemnización de 90.000 euros para el hijo de la víctima. Asegura que existieron «alevosía y ensañamiento» y recuerda que diez días antes de los hechos la mujer había presentado una denuncia por la «mala relación de convivencia».

Según esta parte, el acusado era «consciente y sabía lo que hacía». Considera que busca «el beneficio de la confusión», ya que «dice que una voz le decía que la matara y no se acuerda de nada más, pero en la llamada al 091 relata perfectamente los hechos».

Trastorno psiquiátrico

La defensa sostiene que su cliente estaba «abandonado por la administración pública». Afirma que necesitaba «asistencia médica continuada y medicación» y subraya que «pese al grave trastorno psiquiátrico, colaboró con los agentes de la Policía Nacional». Añade que la administración encargada de su tutela «solamente ha tomado cartas en el asunto una vez han sucedido los hechos».

Por ello, pide la libre absolución del acusado. Mantiene además que la responsabilidad civil subsidiaria corresponde al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass), responsable de la curatela, por haber hecho «dejación de funciones».

Pero la Abogacía de la Generalitat rechaza este planteamiento. Señala que la curatela era «asistencial» y que para que la administración respondiera de los delitos «no sería suficiente que ejerciera una curatela representativa, sino también debería producirse una falta de las funciones y una negligencia como curador».