La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a una tercera, además de a tres empresas frutícolas del Bajo Cinca (Huesca) y tres empresas de trabajo temporal con sede en Castellón, Barcelona y Madrid.
Se las acusa de emplear a cerca de 200 trabajadores extranjeros en condiciones laborales precarias durante la campaña de recogida de fruta, además de unas malas condiciones de alojamiento.
Esta investigación comenzó a principios de mes, luego de recibir tres denuncias que avisaban sobre la situación en dos viviendas en las localidades comprendidas de Candasnos y una antigua finca hostelera de la Comarca de Bajo Cinca.
Se encontraron en estas instalaciones a cerca de 200 personas de distintas nacionalidades en condiciones que vulneraban sus derechos como trabajadores y como extranjeros en España.
Primero se encontró en las viviendas de Candasnos, los agentes encontraron a unas 50 personas, incluidas dos familias con menores, viviendo en inmuebles con riesgo de derrumbe. Luego, se hallaron en la antigua finca hostelera a 147 hacinadas en condiciones insalubres, con mala instalación eléctrica y sin canalización de las aguas fecales, entre otras malas condiciones.
Tras recabar toda la información y con la colaboración con el Ayuntamiento de Candasnos y los Servicios Sociales del Bajo Cinca, la Guardia Civil registró la finca y se procedió a la detención de dos hombres de 61 y 52 años, ambos acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
Los trabajadores afectados habían sido contratados en sus países de origen a través del programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), dependiente del Ministerio de Migraciones, y empleados por empresas de trabajo temporal para la campaña frutícola.
Debido a estas malas condiciones y al peligro en el que se encontraban los trabajadores de la finca, parte de los temporeros se realojaron a otras instalaciones. Para ello, intervino en la reorganización una parte de las empresas implicadas.
Los guardias civiles descubrieron que el propietario de los inmuebles estaba vinculado con las empresas implicadas, con el objetivo de obtener beneficios económicos a través del alojamiento de los trabajadores.
Una de las empresas investigadas retenía parte del salario de los empleados bajo el concepto de alojamiento, transporte de trabajo y otros servicios. Además de todo lo anteriormente mencionado, imponían condiciones laborales abusivas como el pago aplazado del billete de regreso a su país de origen.
La operación la llevó acabo la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Fraga (Huesca). En ella han colaborado también la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, el Ayuntamiento de Candasnos, Protección Civil y Cruz Roja.