Derechos Humanos de Andorra no quita el dedo del reglón para que se depure la supuesta vinculación del expresidente Mariano Rajoy y su posible aquiescencia a la Operación Cataluña.
La institución, que actúa en calidad de acusación popular, pide al juzgado andorrano que profundice en la investigación sobre Rajoy e incluya a la acusación un nuevo delito, el de organización criminal.
Rajoy y otros altos cargos de su Gobierno y la policía están siendo investigados en Andorra merced a una querella que les atribuye haber promovido supuestamente la Operación Cataluña, que se ha saldó con víctimas colaterales inocentes, como la Banca Privada de Andorra (BPA).
La querella afecta a Rajoy y sus exministros Cristóbal Montoro, Hacienda, y Jorge Fernández Díaz, Interior, ambos acusados de amenaza, chantaje, extorsión y coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, según el medio digital El Triangle.
La acusación señala que por el delito de falsedad documental deben ser imputados también el exsecretario de Interior Francisco Martínez, el excomandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo y el comisario Marcelino Martín Blas. Sánchez Portillo llamó a colegas suyos del FBI para intoxicarles con mentiras sobre la BPA, lo que finalmente se tradujo en la intervención de una entidad que era la segunda más solvente de Europa.
A parte de la solicitud de ampliación a la investigación a Mariano Rajoy y de agregar el delito de organización criminal al caso, el Derechos Humanos pide también al juzgado que valore la posibilidad de imputar al exsecretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz y al exministro de Economía Luis de Guindos, o en caso contrario, que se les cite como testigos.