El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda por vulneración del derecho al honor presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El recurso se centraba en unas declaraciones de la ministra en las que calificó a González Amador como «delincuente confeso» y aseguró que vive «en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública», según una información publicada en Europa Press.
La Sala de lo Civil del Supremo ha determinado que estas manifestaciones se enmarcan en el contexto del debate político y están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de figuras públicas vinculadas al poder político y mediático. La sentencia concluye que, «delincuente confeso», las afirmaciones de Montero, aunque duras, no superan los límites constitucionales de la crítica política.
La decisión del tribunal coincide con la línea jurisprudencial que prioriza la protección del debate público sobre asuntos de interés general, frente a la protección del honor cuando se trata de personajes públicos. Con esta resolución, el Alto Tribunal cierra la vía judicial abierta por González Amador tras la polémica surgida por la regularización fiscal que protagonizó y que derivó en acusaciones mediáticas y políticas.