De una institución inútil a una institución depredadora (I)

I. Ontología de la inutilidad y la corrosión del sistema de libertades

(Base fenomenológica y ontológica sobre la mutación de las estructuras burocráticas hacia la depredación social)

«La justicia que se separa de la naturaleza y la razón termina por devorar a quienes juró proteger.» — Cicerón

Canon: El presente análisis constituye un ejercicio estrictamente doctrinal de libertad de cátedra y pensamiento científico. Sus juicios se dirigen a la estructura fenomenológica de los sistemas institucionales y a la exégesis de la norma, sin constituir señalamientos personales ni juicios de valor contra funcionarios específicos en el ejercicio de sus cargos. Esta pieza se ampara en los estándares internacionales de la UNESCO sobre la libertad de investigación científica y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la crítica de las instituciones públicas como garantía esencial de una sociedad democrática.  

La génesis de ciertas estructuras institucionales en la modernidad contemporánea no responde a una necesidad orgánica del tejido social, sino a una suerte de creación artificial y caprichosa que busca perpetuar intereses burocráticos subalternos. Estas entidades, nacidas del artificio y no de la virtud, carecen de una base teleológica que justifique su permanencia a través del bien común, lo que las obliga a desarrollar una dinámica de autoafirmación constante que suele derivar en la desfiguración de la realidad social y jurídica. En este escenario, la institución no sirve al hombre, sino que el ser humano es sacrificado como un insumo necesario para que el engranaje administrativo pueda clamar su vigencia y asegurar su presupuesto anual. Lo que en su origen pudo ser una burocracia simplemente redundante, ha mutado por instinto de supervivencia en una maquinaria depredadora que requiere generar un impacto nocivo para demostrar que su existencia es «vital», fracturando con ello la armonía natural de la sociedad tal como fue concebida.

Desde una perspectiva científica y sociológica, estas instituciones actúan como patógenos en el cuerpo del Estado, consumiendo recursos valiosos y destruyendo células sanas para asegurar su propio crecimiento y expansión burocrática sin control. La sintaxis del poder en estos escenarios es monótona y cruel: se evita la eufonía del diálogo jurídico y se abraza la cacofonía de la imposición arbitraria, donde el sujeto procesal es anulado en su dignidad para convertirse en una cifra estadística de gestión. Al no poseer una raíz en el derecho natural ni en la necesidad social genuina, estas jurisdicciones deben inventar enemigos y sobredimensionar faltas para que el castigo parezca una respuesta proporcional a una amenaza inexistente. Es una danza macabra donde el tribunal se disfraza de salvaguarda moral mientras su verdadera motivación es el pánico a la extinción, utilizando la norma como la espada con la que se corta el hilo de la libertad ajena para anudar su propia permanencia.

Históricamente, el mundo jurídico ha sido testigo de la erradicación de jurisdicciones que, tras demostrar su inutilidad y peligrosidad, fueron barridas por la razón de Estado y la justicia verdadera. Un ejemplo paradigmático es el Tribunal de Orden Público (TOP) en España, que funcionó entre 1963 y 1977; este fue un tribunal especial represivo que basaba sus condenas en atestados policiales y carecía de garantías procesales reales. Asimismo, la historia registra la abolición de las Cortes de Excepción y tribunales ad hoc que, al igual que los actuales, operaban como Estados independientes dentro del Estado, una negación de la soberanía general para imponer un régimen de control faccioso. Estas estructuras fueron eliminadas de la parrilla legislativa al comprenderse que eran un botadero de dinero público y focos de corrupción que, en lugar de pacificar, destruían la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La patología de la autojustificación lleva a estos organismos a apelar directamente al cerebro reptiliano de la población, fomentando miedos primarios e irracionales para validar una intervención que, en condiciones de normalidad jurídica, sería rechazada por innecesaria. Al alimentar la paranoia social, estos tribunales logran que una parte de la ciudadanía —aquella movida por el instinto y no por la razón— demande más castigo y más control, cerrando así un círculo vicioso donde la vulneración de derechos se percibe como una victoria del orden. Es aquí donde la existencia de la institución se torna peligrosa, pues su «éxito» depende directamente de la cantidad de conflicto que sea capaz de procesar y castigar con severidad. La paz social es, por definición, el enemigo mortal de estos tribunales depredadores, pues si no hay culpables que procesar, la estructura administrativa perdería su razón de ser y, con ella, sus privilegios, salarios y cuotas de poder facticio.

Dentro de esta estructura depredadora, resulta especialmente doloroso observar cómo ciertos hombres, desde sus cargos de jueces o fiscales, se prestan para la destrucción sistemática de sus propios pares, de sus hermanos varones y de la figura del padre en la sociedad contemporánea. Esta traición a la fraternidad y a la equidad no es más que una muestra de la descomposición moral que conlleva la burocratización del terror, donde el funcionario prefiere sacrificar la verdad y la justicia con tal de cumplir con las cuotas de condenas exigidas por sus superiores jerárquicos. Se trata de una deshumanización del proceso judicial donde el «otro» deja de ser un semejante para convertirse en el peldaño necesario para el ascenso administrativo o la estabilidad laboral. Al colaborar con este sistema de persecución selectiva, estos operadores están minando los cimientos de la convivencia humana y alterando la forma en que Dios concibió la armonía entre los hombres, dejando un rastro de familias rotas.

Esta dinámica de supervivencia institucional es el núcleo del círculo vicioso que denunciamos con vehemencia: el poder político exige estadísticas que justifiquen la creación de leyes de excepción; el tribunal, para no ser disuelto, procesa denuncias sin rigor probatorio; la sociedad recibe el mensaje de que «se está trabajando»; y finalmente, el Estado asigna más recursos a una estructura que ya no busca la armonía, sino la condena. Esta «utilidad depredadora» es la negación absoluta del derecho como instrumento de libertad, convirtiéndolo en un código de opresión burocrática que se alimenta del sufrimiento humano. La sociedad debe abrir los ojos ante esta realidad, comprendiendo que una institución que necesita del daño para existir es una excrecencia que debe ser extirpada del sistema público para recuperar la salud jurídica y la dignidad del ciudadano frente al poder absoluto de la estadística manipulada.

Finalmente, el despertar de la conciencia social es el único antídoto contra esta ponzoña que se ha infiltrado en nuestras leyes y tribunales de excepción. No podemos permitir que la existencia de un organismo dependa del daño que este pueda infligir bajo el pretexto de una protección que solo fragmenta la sociedad y destruye la presunción de inocencia a nivel universal. La reivindicación de la verdad debe estar por encima de cualquier indicador gubernamental de gestión, y la lucha por un derecho que sea verdaderamente humano y equitativo es la tarea pendiente de nuestra generación académica. Al exponer la naturaleza parasitaria de estas jurisdicciones, estamos dando el primer paso hacia su necesaria extinción, abogando por un regreso a la isonomía donde un solo ordenamiento jurídico baste para proteger a todos por igual, respetando la configuración natural y divina de la vida humana en paz.

Bajo la consigna de «justifiquemos con el terror nuestra existencia», estos tribunales operan con la convicción de que, mientras logren proyectar una imagen de necesidad absoluta ante la sociedad, se mantendrán en la cresta de la ola de la permanencia institucional. Poco importa que dicha permanencia sea, en rigor, un ejercicio de inutilidad que solo aporta destrucción a la configuración social y a la esencia misma del hombre y la mujer tal como Dios los concibió. Si el sistema demuestra, a través de la violencia estadística, que es el único capaz de contener el peligro que él mismo ha sobredimensionado, asegura entonces su flujo presupuestario y su blindaje político. Es la perversión de la utilidad, donde la salud del tejido social se sacrifica en el altar de una jurisdicción depredadora que ha decidido que su vida administrativa vale más que la paz y la libertad de los ciudadanos que dice proteger.

«El derecho es la voluntad de justicia, pero la ley sin equidad es el arma del tirano». — Rudolf von Ihering

Dr. Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario