Art. 25.2 de la constitución española.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
En una placa de poliuretano transparente colocada en la entrada de cada una de nuestras cárceles reza este apartado 2 del artículo 25 de nuestra Constitución. El artículo 25 se encuentra dentro de la Sección 1ª del Capítulo II: De los Derechos Fundamentales y de las libertades.
Y desgraciadamente es ahí donde se queda. En la puerta de la cárcel. Adentro de los muros y las concertinas, ni éste ni ningún otro artículo de la Constitución ni Ley entra ni se le espera.
Mi profesor en el Master de los Derechos Humanos de la UNED D. Antonio Torres del Moral dice que: “Un derecho vale jurídicamente lo que valen sus garantías.” y nos preciamos mucho de alagar nuestra Constitución como una de las más garantistas de todas. ¡Si! ¡Será para los amiguetes! Porque para los presos no vale una puta mierda.
El Artículo 53 de nuestra constitución señala que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente título (el primero) vinculan a todos los poderes públicos. ¡Y una polla como una olla! A todos menos al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Me llena de orgullo y satisfacción… ¿De donde habré sacado yo esta frase? Leer los artículos que publica “Fuentes Informadas” sobre la situación de los presos en España, de la desidia de los funcionarios de prisiones, de la dejadez de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de la total falta de interés de nuestros jueces de vigilancia penitenciaria.
Leo con orgullo los artículos de Eva C. Cruz, siguiendo rigurosamente los avatares del preso Juan Antonio Rodríguez Flores y como su paso por la cárcel, en vez de servir para reeducar y resocializar, tal y como tiene ordenado el artículo 25 de la Constitución, ha servido para arruinarle la salud y la vida.
Veo cómo se van uniendo a esta marea, personas entendidas y estudiosas del Derecho Penitenciario, abogados, periodistas, jueces. Personas que por un motivo u otro han tenido ocasión de ser testigos de que la Constitución y las leyes no entran en prisión.
Que los funcionarios hacen de su capa un sayo y se pasan la normativa por el escroto (nombre técnico del forro de los cojones) o por el arco del triunfo dependiendo de lo que tengan entre las piernas.
Leo en los comentarios a los artículos publicados voces que se empiezan a hacer oír. Los que hemos pasado por el “trullo” a favor, dando ánimos y sin tener la más mínima duda de la veracidad de lo que se cuenta. Otras voces son más críticas y no se creen lo que se cuenta.
Es lógico. Nadie puede pensar que nuestra administración sea tan sumamente cruel como para dejar que una persona (un preso) se muera por desatención médica. Pero eso sucede en la calle, eso sucede en nuestros hospitales. Nuestros políticos prefieren invertir miles de millones en el ministerio de igualdad para no reducir las muertes de mujeres a manos de hombres y ocultar las muertes de hombres a manos de sus mujeres, que en contratar médicos.
Nadie se puede creer las cosas que contamos los presos, porque son increíbles, pero eso no quita para que sean ciertas. Vemos en las noticias que el comisario jefe de la oficina contra el blanqueo de capitales ha sido detenido y que tenía en su casa 20 millones de euros emparedados. Lo mismo al jefe de la Guardia Civil encargado del contrabando en el puerto de Valencia. ¿Increíble? No.
La corrupción llega hasta los últimos lugares, hasta los rincones más recónditos de nuestra administración. Y las instituciones cerradas, de las cuales las cáceles son la expresión más extrema, son las más propensas a que esa corrupción se convierta en endémica.
Y tengan en cuenta que nadie, ni ustedes mismos, lectores de estos artículos, se preocupan lo más mínimo de lo que pasa en las cárceles. Nadie quiere saber, una vez has ingresado ya estás apestado. Ya eres un mentiroso. Ya nadie cree en ti. Ya has dejado de ser persona. Y eso es lo que, al menos a mí, nos hace más fuertes a los que hemos pasado por esa experiencia.
En el siguiente capítulo hablaré de los delitos contra la seguridad social que se cometen en nuestras cárceles. Lo de Globo es un anuncio.
ALFONSO PAZOS FERNANDEZ