El condenado se llevó dinero, joyas, pequeños electrodomésticos y teléfonos móviles
Un hombre con antecedentes penales ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, tras ser hallado culpable de robar en diez viviendas en el municipio de Altura en un período de menos de quince días, entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre de 2023. El individuo ya había sido sentenciado en 2022 por delitos similares, lo que agravó su situación legal.
El tribunal lo considera responsable de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, agravado por su reincidencia. Además de la pena de prisión, se le ha ordenado indemnizar a las víctimas por los objetos sustraídos y los daños causados en sus viviendas.
Sin embargo, se ha decidido sustituir la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. Este fallo es definitivo, ya que el acusado aceptó previamente la calificación del delito y la pena en un acuerdo entre la defensa y la acusación.
Según los hechos probados, el hombre accedía a las viviendas trepando por las fachadas y entrando por ventanas o balcones, generalmente en la madrugada, mientras los propietarios dormían. Durante sus robos se llevó dinero, joyas, pequeños electrodomésticos y teléfonos móviles. En uno de los casos, sustrajo una garrafa de aceite de cinco litros.
El 8 de octubre, durante uno de los robos, fue sorprendido por el hijo de la propietaria, lo que lo obligó a huir, dejando atrás los objetos que pretendía llevarse. Sin embargo, al día siguiente, regresó a la misma vivienda y robó una placa de oro, un altavoz, un vaso de cristal, una afeitadora, unos prismáticos plegables y otros objetos. Estos robos causaron gran alarma en la comunidad local, aumentando la sensación de inseguridad entre los vecinos.
La sentencia busca no solo sancionar al condenado, sino también enviar un mensaje de firmeza contra la reincidencia en delitos de este tipo. La expulsión del territorio nacional refuerza este mensaje, subrayando la gravedad de los actos cometidos y la necesidad de proteger a la comunidad de futuras acciones delictivas por parte del acusado.