Los populares junto con los vocales conservadores del CGPJ podrían condicionar la elección de la Presidencia del Tribunal Constitucional
Hoy hace nueve años -el 4 de diciembre de 2013- que se constituyó un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debía renovarse el 3 se diciembre se 2018. En diciembre de 2013 Carlos Lesmes ganó la batalla por la Presidencia del Tribunal Supremo y el CGPJ -ambos son presididos por la misma persona- a Manuel Marchena, entonces magistrado de la Sala Segunda del Supremo. El pacto Rubalcaba-Rajoy se inclinó por Lesmes. En noviembre de 2018, Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, lo tenía amarrado con el Gobierno de Sánchez y el PP de Pablo Casado.
Pero la filtración de su nombre y la “confesión” de Teodoro García Egea y el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, de que Marchena era un “propio” de su partido arruinó la operación. En adelante el PP de Casado y más tarde el de Núñez Feijóo dijeron que el problema era del sistema de elección. Y en octubre de 2022 un pacto a punto de ser firmado volvió a abortar, esta vez con el pretexto de que el Gobierno eliminará el delito de sedición.
El PP ha intentado bloquear vía CGPJ el cambio de mayoría en el Tribunal Constitucional que todavía ahora refleja, desfasadamente, la victoria de Rajoy en 2011, con cuatro mandatos caducados, entre ellos el de su presidente, Pedro González-Trevijano, nombrado por el Gobierno de Rajoy en 2013. Ahora el grupo conservador tiene un plan perverso: elegir a un candidato propio para el TC pero también a un candidato llamado progresista pero que sea de su agrado.
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, al ignorar el Pleno de verificación solicitado por el Gobierno para dar luz verde a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, desplazó la pelota hacia el tejado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abriendo expectativas de que, a su vez, dicho órgano nombre a los dos magistrados que le corresponde por ley. Si no lo hace, González-Trevijano no tendrá más remedio que convocar el Pleno tras denegar la petición de tres magistrados el pasado miércoles día 30 de noviembre, para que lo hiciera en base al artículo 4 del reglamento de organización del TC.
La presión, por tanto, se concentra ahora en el sector conservador del CGPJ, cuyos vocales fueron elegidos en 2013 -¡hace nueve años, reflejo de la mayoría absoluta del gobierno de Mariano Rajoy!-, y han ejecutado la orden del PP de bloquear la renovación desde diciembre de 2018 -¡en 2023 van a cumplir en 10 años cuando fueron nombrados por 5!- ante el pleno ordinario mensual, previsto para el 22 de diciembre. Aunque el orden del día se confecciona el viernes anterior a cada pleno, en este caso sería el viernes 16, fuentes judiciales consultadas aseguran que el presidente Rafael Mozo piensa proponer en en ese orden del día el punto de los nombramientos.
El grupo conservador se ha mantenido firme desde el pasado 8 de septiembre en su negativa a proponer candidatos. El sector progresista propuso de entrada cinco. El conservador, cero. Pero ya desde el principio éste sector impuso la norma al contrario y consiguió que los progresistas redujeran su candidato, después de votar internamente, a uno solo: el magistrado de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés. Al conocer su nombre a través de la propuesta formal del grupo progresista, hace algunas semanas, los conservadores comenzaron a atacar la figura del magistrado, tildándole, a través de los medios afines al “sindicato mediático-judicial”, de “progubernamental”. Y el miércoles pasado, cuando el portavoz del sector progresista, Álvaro Cuesta, le dijo a su homólogo José Antonio Ballestero que seguía siendo la única propuesta, la reunión no superó los cinco minutos. Ballestero le pidió que consultara otra vez. El jueves, Cuesta y su grupo ratificaron: Bandrés. Y así lo comunicaron el pasado jueves.
Controlar la “Sala Segunda”
Se supone, por tanto, que la “idoneidad y oportunidad” está asociada directamente al nombre del candidato y a su trayectoria. Y Bandrés es doctor en Derecho, amplió estudios jurídicos en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo y en la Facultad de Jurisprudencia de Urbino (Italia). Ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (1988-1999). En 1985 fue nombrado Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona (posteriormente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). Y en 2003 fue nombrado Magistrado del Tribunal Supremo.
En realidad, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitir Ballestero a través de su mensaje a sus colegas si debiera ponerlo en román paladino, por ejemplo, en el lenguaje del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó cuando explicó a su grupo que era estupendo colocar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, en la presidencia del CGPJ, el 18 de noviembre de 2018, porque suponía, entre otras cosas, controlar “la Sala Segunda desde detrás”?
¿Qué el 22 de diciembre en el Pleno del CGPJ no habrá manera de elegir a los dos candidatos con ese sistema de votación? ¿Es eso lo que busca transmitir? O más precisamente: elegiremos a un “propio” y a nuestro progresista “preferido”.
Se necesitan 11 votos ahora para sacar adelante a los candidatos, después de que el presidente del Supremo y CGPJ Lesmes tirara la toalla. Los conservadores tienen 10. Por tanto, para sacar los candidatos que desean, tendrían que pescar 1 en el sector progresista, que suma 8 si se incluye al vocal Enrique Lucas, nombrado a propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Por supuesto, maniobras no van a faltar en estos veinte días hasta el Pleno. Y los conservadores tienen en la diana a algunas personas del sector progresista para persuadirlas a su favor.
Como en la lista original de cinco presentada por el grupo progresista se encontraba el magistrado Pablo Lucas, de la Sala Tercera, el responsable de atender las intervenciones telefónicas y entradas en domicilio por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde 2009 hasta 2024, Ballestero y sus colegas han urdido un plan.
¿Por qué aparte del candidato de la derecha no se elige al candidato Lucas propuesto por los progresistas? En otras palabras, elegimos a un “propio” y a nuestro progresista “preferido”. El maestro de este sistema fue Lesmes. Lo hizo por todo lo alto cuando creó el puesto de vicepresidente del Supremo y puso allí a un magistrado del sector progresista -Ángel Juanes-, porque, entre otras cosas, era amigo personal suyo. Pero el cargo carecía de contenido.
Pablo Llarena se postula como candidato
Sin embargo, la utilización del marchamo “progresista” era rentable para aparecer como un presidente del Supremo y CGPJ “ecuánime”. Entre los “propios” de la derecha se contempla a alguien que hasta hace un mes manifestaba carecer del mínimo interés por ir al TC: Pablo Llarena, el magistrado instructor del “procés” en la Sala Segunda del Supremo.
Ahora se sabe que no es por indiferencia que rechazó varias ofertas de ser candidato sino porque su esposa, la magistrada Gema Espinosa, era candidata a vocal del CGPJ, y Llarena no quería perjudicar su carrera. Pero dado que ya no se renueva el CGPJ sí es candidato.
Sin embargo, fuentes judiciales señalan que no todos los vocales conservadores están por dicho perfil. Dos de ellos, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, los llamados Juanes, se inclinan por volver a la tradición de nombrar a un magistrado de la Sala Tercera del Supremo en la persona de su actual presidente, César Tolosa.
En esta elección del 22 de diciembre, cuyo desenlace nadie atina a pronosticar, dado el guirigay que supondrá votar sin un pacto previo, se puede advertir una segunda derivada: condicionar la próxima presidencia del TC. Es que la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional pasará a una mayoría progresista próximamente tras las nuevas incorporaciones.
Pablo Lucas, elegido por los conservadores
Con los dos nuevos nombramientos del Gobierno, el sector progresista pasa a tener 6 magistrados. Si del CGPJ saliera lo que normalmente cabe esperar (1 conservador y 1 progresista) los progresistas pasarían a ser 7 magistrados, mientras que los conservadores serán 4. En este grupo se iba a integrar un quinto magistrado en sustitución del dimitido por razones de enfermedad Alfredo Montoya, que es elegido por el Senado, y que depende de los votos del PSOE, garantizados en el abortado pacto Sánchez-Feijóo.
Los conservadores quieren a Lucas precisamente porque tienen expectativas de que una vez renovado el TC, cuando se debe realizar la votación para elegir presidente y vicepresidente, él no parece dispuesto a votar por el que se temen sería el candidato progresista natural por su trayectoria y experiencia, el magistrado Cándido Conde-Pumpido. ¿Y por qué se preocupan por eso? Hombre, porque también tienen in mente una alternativa al “candidato natural”.
En efecto, Pedro González-Trevijano ha tejido una excelente relación amistosa con la magistrada María Luisa Balaguer, que forma parte del grupo progresista. Por ejemplo, Balaguer no se sumó a sus tres colegas que pidieron al presidente la convocatoria al Pleno de verificación de los dos candidatos propuestos por el Gobierno.
Así como los conservadores apuestan por elegir a Pablo Lucas para el TC junto a su “propio” candidato, también están urdiendo para la presidencia la candidatura de María Luisa Balaguer, su progresista “preferida”.