Corporativismos aberrantes

Dejemos pues que la justicia interprete, la política decida y los parlamentarios legislen

La división de poderes en España está dando paso a su desaforada confrontación. La iniciativa de esta contienda parece llevarla el poder Judicial, que no entiende ni al poder Ejecutivo ni al Legislativo. O si los entiende, no acepta su entidad como poderes diferenciados. La política tiene autonomía propia para negociar abierta o discretamente, con China, Venezuela o Irán. Si la razón de Estado obliga a España atender a un país hermano como Venezuela, que pide ayuda por verse hostigado por un poderoso enemigo, tal demanda debe atenderse. Si la misma razón estatal obliga a España a diversificar su política exterior y a dialogar con un gigante tecnológico como China, ¿quién se cree con derecho a impedirlo? El poder Judicial en España no puede obsesionarse con la idea de castigar al poder Ejecutivo, con razón o sin ella, en todo tipo de ocasiones. Es una tendencia malsana, cargada de consecuencias letales para el país, para todos.

A su vez, el poder Ejecutivo no suele entender al Judicial, pese a decir siempre que acata sus sentencias. No le gusta que le hurguen en su bajo vientre, pero está obligado a dar cuenta transparente de sus actos. Y los jueces a no pasarle ni una, Muchas de sus actividades son legítimas, como la ayuda a un país hermano, pero la falta de pedagogía, la ausencia de explicaciones de lo que hace y por qué lo hace, crean situaciones enormemente delicadas.

Incordio enredante

Pero lo más preocupante es que el poder Judicial pareciera percibir la tarea de los legisladores como una lacra a la que no otorga credibilidad, pese a que la iniciativa del legislador innova las leyes y opera en una sede parlamentaria donde reside la soberanía, no lo olvidemos, ni olvidemos tampoco que la voluntad del pueblo se vertebra en partidos cuya mayoría determina la composición del Ejecutivo. Muchos jueces, pues, perciben la función legislativa como un incordio que, con su actividad incesante, enredara la ya de por sí enredada y tan prolija madeja de la legislación.

Como cabe comprobar, este asunto reviste suma gravedad. Y ello habida cuenta de la importancia que tiene la división de poderes, en su dimensión no antagónica sino colaborativa, como base de la estabilidad de toda democracia. Independientemente de la existencia de políticos corruptos y de jueces prevaricadores, amén de legisladores frívolos, que también los hay -sobre todo los que no legislan nada nunca- el problema es de mucho mayor calado que el de las subjetivas conductas delictivas de unos y otros.

El problema de base es que la formación de las élites en España, como bien ha puesto de relieve Andrés Villena en su libro Las élites que dominan España, deja mucho que desear. Todo lo que esas élites saben a costa de los lazos familiares endogámicos y los igualmente perennes nexos ideológicos y económicos que corporativamente les atan, lo desconocen sobre los cometidos de los representantes o exponentes de los otros poderes. Si un político sabe mucho de táctica política, pero desconoce las leyes, su actividad puede resultar desastrosa. Si un juez desconoce cómo funciona una sociedad y se enroca en una trinchera leguleya, con certeza va a alterar el contenido de equidad y ponderación que la justicia le demanda. Y si un legislador desconoce las pautas de la política, los daños sociales que provocará serán muy elevados.

Las sagas endogámicas más frecuentes en la tríada jueces-políticos-parlamentarios suelen ser las de los togados. Valga el ejemplo siguiente. En el desaparecido número 4 de la revista jurídica Iustitia, milagrosamente recuperado y que data de la incipiente posguerra, se enunciaban los nombres de los jueces que juraron lealtad absoluta al dictador. En su descargo cabe decir que, dada la represión a la sazón vigente, los que no la juraron entonces o bien se hallaban en el exilio o yacían en cualquier fosa común o cuneta del millar muy largo de ellas desperdigadas por toda España.

El caso es que los apellidos de los figurantes en aquella lista coincidieron en gran proporción con los de buena parte de los togados posteriores. Evidentemente, no puede culparse a los hijos de las actitudes de los padres. No se trata de eso. Pero sí cabe enjuiciar las pautas y los comportamientos conforme a culturas corporativas cerradas, basadas en un esprit de corps compartido, determinado y singular para muchas profesiones, no solo la de los jueces, sino la de políticos, militares o periodistas, como es el caso de este escribidor, hijo de periodista y nieto de escritor de periódicos. Y esas inercias corporativas pueden generar conductas jurídicas, políticas, legislativas o periodísticas aberrantes.

Para aclarar las cosas: los parlamentarios, legislan, emiten las leyes. Los jueces las interpretan. Y los políticos, adoptan las decisiones. El vínculo de los tres agentes es la ley, vigente también para los periodistas. Pero tanto su interpretación como su aplicación admite un margen de subjetividad que resulta ser extremo en el caso de los jueces. Que se lo pregunten a los policías, que acostumbran considerar a los togados como verdaderos señores feudales. Los políticos han de atenerse más a pautas objetivas, generales, pero la personalidad de quien decide influye o puede influir mucho sobre sus decisiones, como cabe comprobar en los efectos de la errabunda política del señor del tupé rubio nacido en el neoyorquino barrio de Queens hace 78 años. Los legisladores, por su parte, habrán de cohonestar ambas dimensiones, objetividad y subjetividad, por este orden, para alumbrar leyes basadas en el buen sentido y la utilidad pública.

En la incomprensión mutua entre los poderes del Estado se encuentra una de las principales causas que aquejan, lastrándola, a la democracia en España. La incomprensión arruina, cuando no mata, la vida social y política. Polariza y violenta a la comunidad. Impide el consenso, absolutamente necesario para que puedan adoptarse las grandes decisiones o reformas y que lleguen a todo el mundo. Sin consenso no hay diálogo posible y sin diálogo, no hay democracia alguna. Porque los intereses sociales y su correlato en términos de poder y de posición en la estructura social son, por definición, distintos. Y solo la deliberación y el diálogo allanan las aristas conflictivas de la vida social.

Democracia, forma de vida

¿Qué cabría hacer? La solución pasa por ejercer la democracia. La democracia no es una mera técnica electoral, una máquina votadora: es una forma de vida regida por la atención al sentir mayoritario, respetuoso con el sentir minoritario, que garantiza la cohesión social y la estabilidad. Implica dosis de empatía, de comprensión mutua, de benevolencia; supone admitir la diversidad en casi todos los escenarios de la vida, incluso en el interior de nosotros mismos, pues no fuimos generados de una sola pieza, sino de muchas que componen el puzzle de nuestra existencia.

Examinemos ahora el poder político. ¿Qué pasa por la mente de los que lo tienen? Si son sensatos, pensarán en el momento en que pierdan ese poder. Y entonces, ¿qué acostumbran hacer?: blindarse, de una u otra manera. Y acostumbran hacerlo o bien apartándose de los aledaños del poder, actitud loable, pero rara; o bien transitando hacia escenarios cercanos de otras formas de poder, generalmente económicos, ya sea por añoranza como por temor a que los enemigos “ganados” durante sus pasados mandatos, se propongan aniquilarlos. Con los políticos muy poderosos suele suceder al respecto lo mismo que con los jueces: aquel delincuente al que se aplicó una sentencia, podrá “guardársela” al juez que le castigó y a éste, en más de una ocasión, le recorrerá un sudor frío al recordar la condena que en su día emitió contra el delincuente, ya en libertad que, tal vez, pueda un día llegar a vengarse. Pero en ningún caso los mentados blindajes pueden contravenir las leyes, transgresión que los jueces deberán en todo caso probar, no meramente sugerir como algunos togados acostumbran.

De la pleonexia

Hay otra dimensión a tener en cuenta siempre. Comoquiera que políticos, jueces o parlamentarios son seres humanos, estarán sometidos a pasiones, sentimientos y emociones semejantes. Hay una enfermedad, ya conocida por los griegos, denominada pleonexia. Consiste en un desequilibrio mental que padecen personas muy expuestas al escrutinio público; por ejemplo, un político con un número millonario de votantes; o un juez estrella, de esos que asumen juicios de enorme proyección mediática; o un parlamentario, que pasa por ser un brillante orador cuando sube al estrado. Mientras operan de cara al público, todo su ser se concentra en dar lo mejor de sí mismo, porque recibe millones de proyecciones que les generan la ilusión de ver su personalidad y sus afectos fortalecidos en seis dígitos. Esta sensación de personalidad así multiplicada, como si de un amor gigantesco se tratara, cuando cesa por el retiro, la jubilación o la derrota, genera un síndrome de infinita tristeza; y ello porque la gratificación de masas de esa manera perdida, deja de cebar el antes henchido ego y éste se sume en una profunda melancolía que puede cobrar tintes patológicos. Y las formas de combatir tan postración pueden pues adquirir formas escabrosas.

Un trato nuevo entre los poderes

De todo lo dicho hasta ahora, ¿qué cabe inferir? Sencillamente, un país como España necesita que sus poderes revisen sus trayectorias y edifiquen un trato nuevo en sus relaciones mutuas. Diálogo, consenso y empatía son componentes decisivos de toda democracia, pero hoy son también tristemente faltantes en nuestra realidad. Los errores judiciales, políticos o legislativos, voluntarios o involuntarios, hacen mucho daño y acaban por hacer trizas el tejido social del cual surgen y al cual han de guarecer. Aquí sobran los jueces prevaricadores, los políticos vociferantes, los legisladores vagos y los periodistas que en vez de traducir el lenguaje político, judicial y legislativo en términos socialmente comprensibles, se dedican a adjetivar una realidad cuyos sustantivos básicos ocultan a la opinión pública.

Dejemos pues que la justicia interprete, la política decida y los parlamentarios legislen. Traduzcamos sensatamente los periodistas cuanto de interés sucede. Pero, como sociedad, la ciudadanía tiene derecho a pedirles/pedirnos responsabilidad, no prevaricación, decisiones acertadas en vez de insultos, leyes justas y necesarias e informaciones objetivas contrastadas. Ah y, por favor, que no se dejen manejar nunca por poderosos enemigos de este país, que los hay, tratando por todos los medios de impedir que prosperemos y que nunca quisieron entender que tenemos personalidad y voluntad propias como Estado soberano.

Si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en vez de haber realizado una serie de gestiones relacionadas con una misión de Estado con un aliado natural de España, ha delinquido, que el peso de la ley caiga sobre él; eso sí, mientras la sociedad civil exige que el mismo peso caiga simultáneamente sobre quién demonios era M.Rajoy; sobre quién mintió obscenamente a toda España sobre los trenes de la muerte el 11-M; sobre quién activó el crimen de Estado de los GAL; y sobre quién amparó el que desde el Ministerio de Hacienda, se fabricaran leyes ad hoc para sus propios sobornantes. Hay muchos más casos en la escena, pero, sin restarles gravedad, de ellos se da ya sobrada cuenta cada minuto. Con todo, demorar sobremanera el juicio o las sentencias de lo juzgado es una forma suprema de prevaricación.