Un relato lleno de espías, petrodólares, sátrapas, pasión y desamor que bucea en las cloacas más sórdidas del país
El pasado lunes 6 de diciembre de 2021 comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales la demanda civil de Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra Juan Carlos I por presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Londres, y difamación.
La audiencia está prevista en la sala 13 (Royal Courts of Justice) a las 10:30.
El juez encargado del caso, Matthew Nicklin, experto en medios de comunicación y difamación, oirá los argumentos de los abogados de la demandante, Corinna, y los de los abogados del rey Emérito, residente en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020.
El bufete Clifford Chance, que defiende a Juan Carlos I, invoca la inmunidad soberana y de jurisdicción de su cliente por haber sido jefe de Estado y ser rey emérito de España, lo cual, sostienen, le protege ante cualquier pleito civil o penal en la jurisdicción inglesa.
El juez Nicklin ha previsto una sesión de dos días –lunes y martes– para dar las direcciones sobre la instrucción del caso (calendario para testigos y pruebas). Previamente deberá pronunciarse sobre el argumento de la inmunidad.
Corinna, examante del entonces rey Juan Carlos I (entre los años 2004 y 2009), sigue imputada en la investigación que mantiene abierta en Suiza desde el 6 de agosto de 2018 el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, por un presunto blanqueo de capitales agravado. El entonces rey de España recibió en agosto de 2008 en su cuenta suiza de la fundación panameña Lucum 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí cuyo motivo se investiga en relación a la adjudicación, en 2011, del tren de alta velocidad, el AVE del Desierto, que unió las ciudades de La Meca y Medina al consorcio hispano-saudí, Al Shoula. En junio de 2012, Juan Carlos I realizó una “donación irrevocable” de ese dinero a una cuenta de Corinna en Islas Bahamas.
En su demanda civil la ex amante, que exige una indemnización de daños y perjuicios sin cuantificar, explica que a partir de 2014 el ya rey emérito le exigió la devolución del dinero o la puesta a su disposición para su uso personal, a lo que ella se negó.
En los últimos tres años y medio, las actividades presuntamente ilícitas de Juan Carlos I han sido investigadas en Suiza y en España con una peculiaridad: no está formalmente imputado en ninguno de los dos países. Pero ahora, mira por dónde, la demanda civil de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, su ex amante, ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, le ha obligado a saltar al ruedo. La demanda, firmada por Corinna el 29 de diciembre de 2020, fue tramitada en marzo de 2021 y el texto le fue remitido a Juan Carlos I al Palacio de la Zarzuela en Madrid y a su residencia de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde vive desde el 4 de agosto de 2020.
Fuentes jurídicas señalan que Juan Carlos I se resistió a dar el acuse de recibo al documento de 30 folios que contiene los denominados particulars of claim -el relato del caso y de los hechos-, una conducta que varió con posterioridad y que ha conducido al emérito, de acuerdo con la sugerencia de su abogado –el penalista Javier Sánchez-Junco, ex fiscal de la Fiscalía Anticorrupción–, a contratar al carísimo bufete Clifford Chance de Londres, según se ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia.
Juan Carlos I ya intervino discretamente, sin ser imputado, en el procedimiento helvético seis días después de que el fiscal de Ginebra Yves Bertossa abriera las diligencias de investigación el 6 de agosto de 2018, tras filtrarse en España las conversaciones entre Corinna y el excomisario José Manuel Villarejo. El abogado suizo del rey, Dante Canonica, le pidió a este que firmase una carta para presentar en el procedimiento suizo en la que debía asegurar que había donado a Corinna de forma “irrevocable” los 100 millones de dólares, que ella no le había devuelto ninguna cantidad que, por otra parte, jamás le había solicitado, y por último, que ella nunca había sido su testaferro, contrariamente a lo que se afirmaba en la prensa española.
Juan Carlos I viajó a Ginebra a visitar a su hija, la infanta Cristina, el 12 de agosto de 2018, y aprovechó su estancia para firmar la carta, que Canonica presentó al prestar declaración ante el fiscal Bertossa unos días más tarde.
En el Reino Unido el acoso (harassment) es tanto un delito penal como de acción civil. Los abogados han construido sobre esta infracción la parte central de su demanda, que busca una compensación económica por daños y perjuicios, sin cuantificar, pero que puede estimarse, según fuentes jurídicas, de ganarse el pleito, en varias decenas de millones de dólares.
La demanda va dirigida exclusivamente contra Juan Carlos I pero no resulta menos relevante el papel estelar del general Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el momento de los hechos. Sanz Roldán informó a los diputados miembros de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, el 25 de julio de 2018, que había viajado a Londres en mayo de 2012 para reunirse con Corinna, un hecho que volvió a admitir en sede judicial el 15 de enero de 2021, al celebrarse el juicio que impulsó él mismo contra Villarejo por denuncia falsa y calumnia, tras señalar este al director del CNI como autor de amenazas de muerte a Corinna.
Ese juicio, que Sanz Roldán y el CNI, representados por la Abogacía del Estado, perdieron al resultar absuelto Villarejo, es una pieza penal que añade credibilidad a algunas de las acusaciones de la demandante, que afirma en su demanda que fue amedrentada repetidas veces por presuntos agentes del CNI en Londres y Mónaco, donde también tiene residencia la examante del rey Juan Carlos I.
El hecho de que la reunión que Sanz Roldán mantuvo con Corinna el 5 de mayo de 2012 en su suite, la número 518, de The Connaught Hotel, en el exclusivo barrio londinense de Mayfair, no sea motivo de disputa o, según se dice en la jerga judicial británica, common ground –terreno común- augura además problemas para la defensa del emérito.
El primero es el uso del CNI y el encargo de una misión al general Sanz Roldán para sus fines personales en 2012; el segundo es la posible continuidad de las operaciones del CNI de acoso y seguimiento, encomendadas a Sanz Roldán, en Londres y Mónaco, cuando Juan Carlos I ya no era rey en ejercicio. En otros términos, el emérito había conseguido con su abdicación de emergencia en junio de 2014 aplicar la máxima lampedusiana de cambiarlo todo para que (casi) todo siguiera igual. La versión de Corinna enumera distintas peticiones de Juan Carlos I por seguir unido a ella, y su giro hacia una actitud más agresiva cuando finalmente asumió su fracaso.
En la demanda, Corinna narra un hecho que coloca a Dante Canonica, el que fuera abogado del rey, el abogado que redactó la presunta “donación irrevocable”, en una situación difícil. Porque Canonica participó en una reunión, en septiembre de 2014, en la que Juan Carlos I exige a su examante que le devuelva los 100 millones de dólares que le habría “regalado” el rey Abdullah de Arabia Saudí el 8 de agosto de 2008. Corinna contactó con Canonica para que participase en la reunión, según dice la demanda. Esos 100 millones de dólares son una transferencia que el fiscal Bertossa investiga como blanqueo de capitales agravado por su posible vinculación a la adjudicación del “AVE del Desierto”, La Meca-Medina, a un consorcio hispano-saudí tras rebajar un 30% del precio ofertado y batir así a la propuesta de una empresa francesa. Corinna, precisamente, está imputada en ese procedimiento por presunto lavado de dinero.
Según la demanda, Juan Carlos I intenta en 2014, tras fracasar su propuesta –una más– de casarse con Corinna y vivir en un palacete de Madrid, proyecto del cual le exhibe los planos, recuperar los 100 millones de dólares. Ese intento se materializa con una pinza, explican los abogados de demandante: por un lado los agentes del CNI la vigilan en Londres, intervienen sus comunicaciones y controlan sus domicilios, y por la otra, el emérito comienza a difundir entre las amistades comunes “la historia” del robo de los 100 millones de dólares que le había regalado el rey Abdullah.
Es el caso de Pepe Fanjul, el magnate del imperio azucarero erigido en Cuba, y a cuyo complejo turístico Casa de Campo en República Dominicana viajó Juan Carlos I en junio de 2014 al abdicar. Juan Carlos I, en uno de los viajes en el yate de los Fanjul a los que es invitado, cuenta la noticia de que Corinna es una ladrona, una historia que también relata al multimillonario mexicano radicado en Londres, Allen Sanginés-Krauze, quien, según la demanda, fue presentado por Corinna a Juan Carlos I y de quien se ha convertido en su asesor financiero personal. Precisamente, Sanginés-Krauze giró fondos por alrededor de 800.000 euros al testaferro de Juan Carlos I, el coronel del aire Nicolás Murga, transferencias sobre las que el emérito ha presentado una regularización ante la Agencia Tributaria para evitar el delito fiscal… Regularización “espontánea”, después de que fuera notificado de la apertura de una investigación por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Juan Carlos I, según la demanda, también habría narrado la historia del robo del dinero al actual rey de Arabia Saudí, Salma, hijo de Abdullah, quien le “regaló” los 100 millones de dólares, y al príncipe heredero Mohamed bin Salman. El relato de la examante del Borbón parece confirmar que la vida social del rey apodado El Campechano se centra en estos últimos años en un selecto grupo de multimillonarios civiles y sátrapas con corona. (Más información en la pieza adjunta Dramatis Personae, al final del artículo).
Estos comentarios difamantes, según Corinna, que se unen a los apuntados con empresarios, ha supuesto, según la demanda, la paralización de sus actividades como “consultora estratégica” para grandes empresas y gobiernos. Los teléfonos de Corinna, según afirma ella misma, han dejado de sonar.
La amante millonaria ha elegido a tres espadas del sistema judicial británico. Uno de de ellos es James Lewis, que ostenta la distinción denominada Queen’s Counsel o consejero de la Reina, de la que disfruta un grupo reducido de letrados del Reino Unido. Lewis, que ha defendido en nombre del gobierno de Estados Unidos la extradición del periodista Julian Assange a los Estados Unidos, es el entonces joven abogado que consiguió, en 1999, junto con su colega Alun Jones, anular la inmunidad soberana del exdictador y exjefe de Estado de Chile, Augusto Pinochet Ugarte, detenido en Londres el 16 de octubre de 1998 por orden del juez Garzón. Lewis y Jones representaron a la Fiscalía de la Corona en el comité judicial de la Cámara de los Lores para defender ante lo que era entonces el Tribunal Supremo del Reino Unido la posición de España, que solicitaba extraditar al exdictador.
Los abogados de Clifford Chance tendrán ahora que responder, ya personados en el Tribunal en nombre de Juan Carlos I, a las acusaciones de la demanda civil, y el juez a cargo del procedimiento seguramente convocará a las partes para establecer la hoja de ruta: la presentación de pruebas, declaraciones juradas de testigos y plazos.
La primera batalla será la de la jurisdicción de los tribunales británicos para resolver.
La segunda sería la inmunidad soberana de Juan Carlos I en su condición de exjefe de Estado, una batalla difícil de ganar si se tiene en cuenta el precedente de marzo de 1999 cuando los jueces dictaron una sentencia en la que no se reconocía la inmunidad soberana de Pinochet por delitos de tortura, ya que no formaban parte de las funciones de un jefe de Estado.
A continuación, reproducimos de forma íntegra la demanda presentada por los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein ante el Alto Tribunal londinense. El documento publica en exclusiva CTXT y del que FUENTES INFORMADAS se hace eco ha sido traducido al castellano por Paloma Farré.