El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado recientemente una condena de considerable relevancia, la cual se traduce en un año y cinco meses de prisión para una lotera acusada de cometer simulación de delito y apropiación indebida.
Este fallo judicial, ratificado tras la apelación, también estipula el pago de una multa de ocho meses, con una cuota diaria de 6 euros, así como una indemnización de 59.120,33 euros.
El caso se remonta al 8 de noviembre de 2019, cuando la acusada, empleada de una administración de lotería en León, presentó ante la Guardia Civil una denuncia falsa alegando ser víctima de un robo con violencia. Según lo probado en el juicio, esta denuncia fue completamente inventada, ya que la lotera era consciente de su falsedad.
Posteriormente, se descubrió que había cobrado décimos premiados en administraciones tanto de Madrid como de distintas localidades leonesas, ocasionando un perjuicio económico significativo.
Los magistrados que emitieron la sentencia subrayaron en sus fundamentos la relación poco convencional que la acusada mantenía con la administración en la que trabajaba. Testimonios y quejas de clientes y empleados corroboraron la falta de control y otras irregularidades dentro del establecimiento.
Además, se destacó un cambio notable en el comportamiento de la acusada justo antes de los hechos, modificando sus rutinas laborales, las rutas de distribución y los horarios de entrega y recogida de lotería.
Uno de los puntos clave resaltados en la sentencia fue la pérdida de control sobre las transacciones financieras relacionadas con la venta de lotería. La lotera comenzó a entregar las cantidades cobradas a los clientes sin especificar a quiénes correspondían, lo que evidencia un claro intento de encubrir sus futuras acciones delictivas.
Este caso no solo pone de manifiesto la gravedad de los delitos cometidos por la acusada, sino también la importancia de mantener un control adecuado en las transacciones comerciales, especialmente en sectores como el de la lotería, donde la confianza del público es fundamental.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sirve como un recordatorio contundente de que las acciones fraudulentas no quedarán impunes y que se aplicarán las sanciones correspondientes para preservar la integridad del sistema judicial y proteger los derechos de los ciudadanos.