Pacientes con enfermedades neurodegenerativas copan las solicitudes de muerte asistida
Un total de 285 personas se acogieron a la eutanasia en España, el año pasado, aunque con una “gran disparidad” entre comunidades autónomas, según cifras de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que constató un patrón diferente a países europeos y Canadá
“Es una buena noticia y la constatación de que era una norma necesaria. Es de esperar que la cifra crezca en los próximos años, a medida que este derecho se consolide entre la ciudadanía y mejore la respuesta de los servicios sanitarios”, resaltaron los portavoces de DMD Fernando Marín y Fernando Sanz, en rueda de prensa.
En 2022, la eutanasia supuso menos del 0,07 por ciento del total de fallecimientos anuales en España. Este porcentaje, tal y como han recordado, está “muy alejado” del de países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado, donde representa entre el 1 y el 4 por ciento del total de defunciones.
“La implantación va despacio con respecto a otros países cercanos al nuestro que legislaron antes. Pero lo importante es que tenemos el derecho, no importa tanto la cantidad. Siempre será una forma minoritaria de morir. La propia Ley la define como una excepción”, ha comentado Fernando Sanz.
Pero a diferencia de naciones como Países Bajos y Bélgica, donde la tendencia predominante en las solicitudes de muerte asistida la marcan enfermos de cáncer terminal; en España son mayoritarios las peticiones de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, apuntó la asociación.
Mientras que en Bélgica, Canadá o Países Bajos el 80 por ciento de pacientes que recurren a la eutanasia son enfermos terminales, sobre todo de cáncer, que acumula dos de cada tres casos, en España son menos de la mitad. Aquí, las enfermedades neurodegenerativas (ELA, esclerosis múltiple, etcétera, etc.) predominan en la muerte asistida, subrayó DMD.
Según un informe del Ministerio de Sanidad, 32 personas fallecieron mientras tramitaban su petición de eutanasia, entre junio y diciembre de 2021; para un promedio de un mes de sobrevida desde el inicio del proceso.
En el mismo período, otras 28 solicitudes nunca llegaron a la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia (CGE), que denegó 25 y siete personas interrumpieron su proceso de muerte asistida.
La Ley de la Eutanasia entró en vigor en España el 25 de junio de 2021. Desde entonces, DMD ha recogido toda la información posible para evaluar su puesta en práctica, identificar fallos y aciertos y proponer mejoras.
Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y el País Vasco, tienen mayores índices de muertes asistidas en España
De las 285 eutanasias practicadas en España el año pasado. 91 se produjeron en Cataluña, 38 en Madrid, 29 en Andalucía, 26 en la Comunidad Valenciana, 24 en el País Vasco, 13 en Navarra, 10 en Castilla y León, nueve en Asturias, ocho en Aragón, Castilla La Mancha y Galicia, seis en Cantabria y Baleares, cuatro en La Rioja, tres en Extremadura y dos en Murcia.
Para DMD, esta es “una disparidad muy acusada, difícil de explicar solo por diferencias socioculturales”.; y sospechan que estas diferencias entre CCAA se debe más bien a falta de accesibilidad e implementación. A través de un estudio, han comprobado “grandes desigualdades” entre y sugiere que algunas autonomías han hecho “un mejor trabajo de implantación” de la ley.
Entre los casos individuales conocidos por DMD, algunas dificultades destacan entre las demás por su frecuencia o su gravedad. Por ejemplo, han comprobado que se ha producido en algunas ocasiones “falta de colaboración de las entidades privadas” que “no han dado respuesta a solicitudes de eutanasia recibidas”.
Igualmente, a veces se ha producido un “mal manejo de la objeción de conciencia”. “La obligación de todos los médicos es recoger cualquier petición de eutanasia que se les presente, firmarla y tramitarla. En caso de ser objetores de conciencia, deben informar de esta condición a su paciente y remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. Tenemos constancia de casos de médicos que se niegan a hacerlo, así como de plazos excesivos para designar un profesional alternativo”, detallaron los expertos de DMD.
Otro de los problemas son los “plazos excesivos”. Según su información, en muchas comunidades la duración promedio de una prestación de ayuda para morir (desde la primera solicitud hasta el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación) es “muy superior a los plazos previstos por los legisladores”. “Pese a que todo el proceso debería durar alrededor de 35 días, se extienden a menudo más allá de los 50”, sostienen.
Aunque la ley no fija plazos máximos para algunas fases criticas de la tramitación de una solicitud de eutanasia, Derecho a Morir Dignamente lamenta que “no es razonable que todavía haya personas que requieren de varios meses para completar un proceso que, en las circunstancias adecuadas, puede hacerse con todas las garantías en menos de 25 días”.
Información oficial “escasa, heterogénea y hueca”
La asociación DMD lamentó que, tras 24 meses de aplicación de la nueva normativa, la información ofrecida por las administraciones es “escasa, heterogénea y, a menudo, hueca” y; algunas comunidades autónomas, no publicado sus informes anuales, pese a que lo exige la ley.
Para DMD, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) consensuó un conjunto “mínimo e insuficientes” de datos e que debían aparecer en estos informes.
DMD criticó que los informes, tanto de comunidades como del Ministerio de Sanidad, “pasan por alto una gran anomalía que se esconde entre los datos”.
Casi 300 españoles se acogieron a la eutanasia el año pasado
