Cáritas visibiliza el «dilema continuo» de los más vulnerables: pagar el alquiler o comprar comida

21 de junio de 2024
2 minutos de lectura
El arzobispo de Granada y presidente de Cáritas Diocesana en la archidiócesis, José María Gil Tamayo, con el delegado episcopal de esta organización, Alfonso Marín, y su directora, Luisa María Maeso. | Fuente: Cáritas Granada.

La Iglesia católica ha invertido en el último año 6,2 millones de euros en ayudar y mejorar las condiciones de vida de 7.488 personas en la diócesis de Granada

Cáritas ha vuelto a notar en 2023 un incremento de personas que acuden en busca de ayuda para cubrir sus necesidades básicas, en un contexto donde, tras dos años de inflación desbordada, los pobres son cada vez más pobres y enfrentan mayores dificultades para resolver situaciones cada vez más complejas. Pagar el alquiler o comprar comida se ha convertido en un «dilema continuo» para los más vulnerables.

De la memoria anual 2023, presentada por el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, y la directora de Cáritas Diocesana de Granada, Luisa María Maeso, se desprende que la Iglesia católica ha invertido en el último año 6,2 millones de euros en ayudar y mejorar las condiciones de vida de 7.488 personas en la diócesis de Granada.

Esta cifra es un 3% superior respecto a 2022 y supera en un 1% la suma registrada en 2019, antes del inicio de la pandemia. El balance de actividad incluye un análisis del contexto y muestra las graves dificultades que ha supuesto la crisis inflacionaria para muchos hogares, llevándolos a situaciones de mayor vulnerabilidad y carencia.

De hecho, una de cada tres personas que eran ya atendidas en 2022 han seguido requiriendo del apoyo de Cáritas para cubrir sus necesidades más básicas. A estas familias se han sumado un 40% de nuevos casos afectados por el encarecimiento del coste de la vida.

En palabras de Monseñor Gil Tamayo «la situación de bonanza económica no se traduce en una bonanza, especialmente, a las clases más desfavorecidas». En este escenario, las 94 Cáritas parroquiales de la diócesis granadina lograron atender las demandas más urgentes de 6.568 personas, con un impacto total de unas 13.983 personas beneficiadas, gracias a una inversión superior al millón de euros.

Cuatro de cada cinco personas atendidas recibieron ayudas para comprar alimentos. Estas ayudas encabezan las partidas de gasto con más de 380.000 euros invertidos. Y es que, según relata la directora de Cáritas, «la mayoría de las familias se encuentra en el dilema continuo de pagar el alquiler y los consumos o comprar comida. Y abonan primero los gastos de vivienda porque es más fácil acceder a ayudas para comer que para pagar el alquiler».

Los gastos de vivienda, un pozo sin fondo

Las familias dedican una mayor parte de su presupuesto a pagar la vivienda y otros gastos esenciales a consecuencia del incremento de precios. Como estrategia de subsistencia, cada vez más personas comparten hogar para hacer frente a los gastos.

En apenas cinco años, el porcentaje de hogares en régimen de realquiler ha pasado de un tres a un 9% y en el caso de compartir piso con otras personas sin parentesco alcanza al 10%de la población atendida. En su mayoría población de origen inmigrante, quienes presentan unas peores condiciones de vida con viviendas mal acondicionadas, degradadas y en situaciones de hacinamiento. Hay casos en los que se ha llegado a pagar hasta 400 euros mensuales por el alquiler de una habitación sin derecho a cocina.

Las situaciones de necesidad y privación aumentan especialmente para los hogares con presencia de menores (49%) lo que afecta a las condiciones de vida de esos menores y predispone a un mayor riesgo de pobreza o exclusión en la adultez.

«Con el objetivo de romper ese círculo y frenar esa herencia generacional, trabajamos de manera integral con todos los miembros de la familia, realizando un seguimiento y apoyo educativo específico a menores y jóvenes para la prevención del absentismo escolar», señala la directora de Cáritas.

Las situaciones de carencia más extremas corresponden a quienes no disponen de ingresos por trabajo o por prestaciones (57%) y los hogares monoparentales (19%), en su mayoría encabezados por una mujer, especialmente expuestos a situaciones de privación material severa al contar, en numerosos casos, con una sola fuente de ingresos.

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