Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de celebrar un juicio con jurado popular por malversación

El abogado de la mujer del presidente insiste en que su defendida no cometió ningún delito y recalca que es una persona particular, no funcionaria

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no se presentó el pasado sábado en el juzgado de Madrid citado por el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por presunta malversación, al igual que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y su asesora, Cristina Álvarez. Este martes por la noche se conoció que Álvarez presentó un recurso contra la decisión de que el juicio se celebre con jurado popular, y la defensa de Gómez también ha recurrido la medida.

El abogado de Begoña Gómez insiste en que su defendida no cometió ningún delito y recalca que es una persona particular, no funcionaria. Sobre los correos de su asesora que investiga la UCO, afirma que fueron enviados desde el correo personal de Álvarez y no implican irregularidad.

La defensa subraya que los correos entre Álvarez y la Universidad Complutense se limitaron a ofrecer una «ayuda puntual» para la cátedra que codirigió Gómez, una actividad sin ánimo de lucro que, según su letrado, «no le reportó ni un euro». Por ello, consideran que no existe «base fáctica» para imputar malversación y que esta pieza no debería juzgarse por un jurado popular.

Con estos argumentos, el letrado Antonio Camacho ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el auto que transformaba la investigación en un procedimiento por la ley del jurado, aplicable a Gómez, Álvarez y Martín. El objetivo del juez es determinar si los tres incurrieron en malversación en caso de que Álvarez, pagada con fondos públicos, se excediera en sus funciones para asistir a Gómez.

Respecto a los 121 correos cruzados con el exvicerrector Juan Carlos Doadrio, la defensa insiste en que fueron enviados desde cuentas privadas y solo respondían a la «ayuda puntual» en convenios de la cátedra. Además, la defensa de Álvarez señala que la decisión del juez «desobedece» el criterio de la Audiencia Provincial, que negó expresamente que la asistente pudiera cometer malversación.