Begoña Gómez encara una nueva cita con Peinado tras su decisión de que todo el caso acabe en tribunal del jurado

Se espera que tampoco acuda personalmente mientras las acusaciones sopesan pedir la imputación de Pedro Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a las 17:30 horas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para informarle de que, si finalmente es juzgada, lo será por un jurado popular por todos los delitos que se le imputan: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Hasta ahora, la causa solo contemplaba la malversación como delito sujeto a este tipo de tribunal.

Esta será la sexta citación judicial para Gómez. En las dos primeras comparecencias se acogió a su derecho a no declarar, mientras que en la tercera y cuarta respondió únicamente a las preguntas de su defensa. En la quinta ocasión, el pasado 27 de septiembre, no acudió y fue representada por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, quien alegó que su presencia no era obligatoria, basándose en una circular de la Fiscalía de 1995 sobre el Tribunal del Jurado.

Para la cita de este lunes, el magistrado ha señalado expresamente que tanto Gómez como su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés deberán comparecer personalmente, asistidos por sus letrados. No obstante, fuentes cercanas a la defensa consideran que se trata de una comparecencia similar a la anterior, por lo que prevén que Gómez vuelva a no presentarse.

Nuevas diligencias

Durante la sesión, se espera que las defensas soliciten el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares, lideradas por la organización Hazte Oír, podrían reclamar nuevas diligencias. Además, la plataforma Iustitia Europa estudia pedir la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que implicaría que el juez Peinado tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo.

El instructor ya argumentó en resoluciones previas que las actuaciones de Gómez podrían estar vinculadas directamente a su relación con el presidente del Gobierno, lo que, a su juicio, justificaría investigar un posible delito de tráfico de influencias. Esta vinculación personal y política ha sido uno de los elementos más controvertidos del caso, que continúa generando una fuerte repercusión judicial y mediática.