Ayuso anuncia una ayuda anual de 525 euros para mayores con pensión no contributiva y sin vivienda en propiedad

14 de septiembre de 2025
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Europa Press. | Fuente: EP

La presidenta madrileña lanza un nuevo sistema de pago en el transporte público, que a partir de 2027 permitirá aplicar automáticamente la tarifa más económica según la frecuencia de uso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una nueva ayuda económica destinada a unas 2.500 personas mayores residentes en la región. Durante la segunda jornada del Debate sobre el estado de la región, adelantó que el incentivo entrará en vigor en enero de 2026 y consistirá en una aportación anual de 525 euros.

La medida está dirigida a jubilados que perciben pensiones no contributivas, no cuentan con vivienda en propiedad y viven de alquiler. Desde el Ejecutivo regional recordaron que estas personas reciben desde 2007 un complemento estatal cuya cuantía no ha sido actualizada desde entonces. Con esta nueva ayuda autonómica, se duplicará la cantidad que reciben actualmente quienes se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Requisitos

En cuanto a los requisitos, se ha especificado que solo podrá beneficiarse el titular del contrato de arrendamiento, incluso en los casos en los que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas en la misma unidad familiar. Si hubiera más de un contrato, la ayuda se asignará únicamente al primer solicitante.

Además de este apoyo económico, Ayuso aprovechó su turno de palabra para anunciar otras medidas incluidas en su plan para el final de legislatura. Entre ellas, un nuevo sistema de pago en el transporte público, que a partir de 2027 permitirá aplicar automáticamente la tarifa más económica según la frecuencia de uso.

La presidenta también destacó la ampliación de los beneficios del Carné Joven a menores madrileños desde los 12 años y la aprobación de una normativa que fijará caducidad en las leyes con revisiones obligatorias cada dos años, con el objetivo de garantizar su actualización y eficacia.

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