Australia ha dado un paso histórico en materia de protección digital. Desde este martes, el país se ha convertido en el primero del mundo en prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas activas en las principales redes sociales. La decisión, impulsada por el Gobierno del primer ministro Anthony Albanese, nace con un objetivo claro: mejorar el bienestar psicológico y social de los adolescentes, un grupo especialmente vulnerable al impacto de la hiperconectividad.
La nueva ley, que ha entrado en vigor a medianoche, afecta a plataformas tan populares como Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick. Todas ellas deberán tomar “medidas razonables” para impedir que usuarios menores de 16 años abran o mantengan una cuenta activa. Las consecuencias por no cumplir la norma no son menores: las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta 50 millones de dólares australianos. Por ello, las redes sociales han comenzado a eliminar perfiles de usuarios que no cumplan el requisito de edad y exigirán sistemas de verificación más estrictos, como la presentación de un documento de identidad o tecnologías de reconocimiento facial para quienes deseen registrarse.
Curiosamente, la ley no prohíbe que los menores puedan acceder de manera anónima, siempre que no creen una cuenta. Además, plataformas como Discord, WhatsApp o Steam Chat quedan, por ahora, fuera de estas restricciones iniciales.
El primer ministro Albanese ha defendido esta decisión como una de las reformas sociales más significativas del país en los últimos años. Para él, contar con un marco legal claro ayudará a que los jóvenes “tengan más tiempo para ser niños” y permitirá a los padres afrontar con más tranquilidad la educación digital de sus hijos. Además, compara esta medida con otras regulaciones sociales, como la edad legal para consumir alcohol, recordando que establecer límites no elimina por completo los riesgos, pero sí ofrece protección y coherencia normativa, según Europa Press.
El objetivo final es abrir nuevas oportunidades de diálogo dentro de las familias. La ley pretende ser una herramienta educativa más que punitiva, pues no sanciona a los padres ni a los menores, sino que responsabiliza a las empresas tecnológicas de hacer cumplir el límite de edad.
A pesar del apoyo gubernamental, no todo el panorama tecnológico comparte el entusiasmo. Elon Musk, propietario de X, ha calificado la medida como un intento de controlar el acceso a Internet “por la puerta de atrás”. Otras plataformas señalan que la ley deja muchos vacíos, especialmente porque no establece sistemas únicos y obligatorios de verificación de edad, lo que podría llevar a confusiones y desigualdades entre servicios.
Aun así, Australia ha abierto un debate global: ¿hasta qué punto deben los gobiernos intervenir para proteger a los menores en la era digital? Su decisión marcará el camino y, sin duda, será observada con atención por otros países que también buscan respuestas a los retos de la infancia hiperconectada.