Antiviolencia pide sancionar al Sevilla con un mes de cierre del Sánchez-Pizjuán tras el derbi

La posterior reivindicación del tifo por parte de los propios ultras en redes sociales no hizo más que reforzar esa sospecha

El derbi sevillano siempre es una cita cargada de emoción, rivalidad y un ambiente único. Sin embargo, lo ocurrido el pasado 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha llevado esa tensión a un escenario inesperado: la Comisión Estatal contra la Violencia ha propuesto sancionar al Sevilla FC con un mes de clausura de su estadio y una multa de 120.000 euros. La medida llega tras una investigación exhaustiva de la Oficina Nacional de Deportes que detalla incidentes que van más allá de lo meramente deportivo.

Durante el encuentro se registraron lanzamientos de objetos al terreno de juego, un comportamiento que ya forma parte de los episodios que el fútbol español intenta erradicar desde hace años. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas es la exhibición de pancartas y tifos vinculados a grupos ultras, como Biris Norte o Bukaneros. Según el informe, el club había presentado un diseño distinto al que finalmente se desplegó en el fondo del estadio, un gesto que llevó al coordinador de seguridad a advertir del riesgo de que estuviera relacionado con estos grupos radicales. La posterior reivindicación del tifo por parte de los propios ultras en redes sociales no hizo más que reforzar esa sospecha.

La Comisión recuerda que la legislación prohíbe expresamente dar apoyo o promoción a colectivos radicales. Y es precisamente esa conexión, sumada a otros mensajes considerados incitadores del odio, lo que sustenta la dureza de la sanción propuesta, según Europa Press.

Un precedente que abre un debate más amplio

El Sevilla no es ajeno a las consecuencias disciplinarias. La semana anterior, la RFEF ya había ordenado el cierre parcial del Fondo Norte durante tres partidos y una multa de 45.000 euros, tras la suspensión temporal del derbi por los objetos lanzados al césped. A esto se suma la nueva propuesta de Antiviolencia, que elevaría significativamente el impacto económico y deportivo para el club.

Pero el foco no recae únicamente en el Sánchez-Pizjuán. La Comisión también ha propuesto sanciones a Sevilla y Betis por la presencia de bengalas en entrenamientos abiertos al público, así como multas a aficionados implicados en incidentes en Valladolid o Madrid. Todo apunta a una misma idea: la necesidad urgente de reforzar la seguridad en el fútbol y erradicar comportamientos que nada tienen que ver con el espíritu del deporte.

Esta situación abre un debate más profundo sobre el papel de los clubes y el compromiso que deben asumir para frenar a los grupos radicales. El fútbol es pasión, identidad y comunidad. Pero cuando la violencia se abre paso, la responsabilidad es compartida. Y en este caso, el mensaje es claro: la tolerancia cero no es negociable.