Alertan de que se otorga de personalidad jurídica al no nacido y piden que estas medidas contemplen que haya trámites parlamentarios y debate público
Organizaciones feministas han mostrado este jueves su “profunda preocupación” y “rechazo” ante la Instrucción aprobada el 31 de julio por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública perteneciente al Ministerio de Justicia, que modifica la ley del Registro Civil de 2021, por la cual se crea un nuevo registro de ‘Declaración de nacidos sin vida’, cuando estos tengan más de seis meses de gestación, al considerar que es un “retroceso atroz” del derecho al aborto.
En un comunicado, las entidades feministas entre las que se encuentran CATAB, L’ESCOLA AC o Alianza contra el Borrado de las Mujeres, alertan que este posicionamiento jurídico del Ministerio de Justicia supone “una concesión sin precedente a los colectivos antiderechos, autodenominados pro-vida” así como “un avance en las posiciones contrarias históricamente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
La nueva instrucción permitirá inscribir a nasciturus muertos cuando estos tengan más de seis meses de gestación, a los que el Registro califica como “nacidos sin vida”, por lo que los progenitores podrán otorgar un nombre y “una apariencia de sujeto de derecho al otorgarle una personalidad jurídica”, añaden las organizaciones, que lamentan que “gobiernos que se autoproclaman feministas hagan concesiones conceptuales tan amenazadoras a los postulados de la extrema derecha”.
Las organizaciones añaden que “esta reforma jurídica da pábulo legal a una posición contraria al derecho vigente, en concreto al artículo 30 del Código Civil, que establece claramente que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”.
Revisar protocolos médicos en abortos involuntarios
Asimismo, las organizaciones feministas reclaman que sean los protocolos médicos en situaciones de aborto involuntario en un avanzado estado de gestación “los que deben revisarse”, además de “reforzar los apoyos al fenómeno de duelo que pueda devenir de la frustración del embarazo deseado”.
Por ello, alertan que “en ningún caso debe utilizarse el Registro Civil para validar una ficción jurídica que amenaza directamente el derecho al aborto de todas las mujeres”.
Las organizaciones feministas también califican de “sorprendente” que la instrucción incluya dos años de retroactividad, “cosa totalmente insólita y de dudosa legalidad”.
De este modo, consideran que es una “práctica totalmente antidemocrática y atentatoria de derechos de las mujeres, esta y otras modificaciones a la Ley del Registro Civil, que se vienen realizando mediante instrucciones internas del Ministerio de Justicia sin que pasen ningún trámite parlamentario, aunque producen efectos de ley”.