Adultos mayores golpeados… y sin justicia

JUAN JOSÉ SAGARDÍA

Tal cual lo dice el título, el tema de hoy es «adultos mayores golpeados» y, como si ello fuera poco, «sin justicia». Todavía soy un lector del diario papel y por ende me puedo enterar por este medio de las atrocidades que nos pasan a los adultos mayores.

En la vida cotidiana, vemos, palpamos y sufrimos agresiones de violencia por personas a las que no puedo calificar y evidentemente tampoco lo hace la justicia. Detienen a un agresor y posteriormente -sean los fiscales o los jueces- consideran que fue… ¡Sin causa! Para nosotros, como digo siempre, los «ciudadanos de a pie», que no somos legos, no son otra cosa que delincuentes.

Repito: para los representantes de la Justicia, que son los que deben actuar en defensa de los ciudadanos… ¡No son imputables! Y si les dan libertad, los pobres viejos quedan (quedamos) no solo maltrechos y golpeados por la agresión física en sí misma, sino que -además- sin esperanza de vida, porque a partir de ese momento ese adulto mayor pierde la dicha de pensar en su futuro.

¡Qué lamentable! ¡Y qué injusto! Que los adultos mayores no podamos tener una entidad que nos nuclee y nos defienda. Una entidad, repito, a la cual poder recurrir para hacer oír nuestra voz. Solamente parece que somos útiles para estar sentados en casa y en lugares en donde no molestemos.

Hemos perdido la alegría de los encuentros en familia, porque ya no existe garantía alguna de una Justicia que nos respete. Los adultos mayores no le pedimos limosna a la justicia; le pedimos el cumplimiento del deber, dentro de las funciones y tareas que les han sido asignadas, por el poder político que corresponda. Cumplan con su deber y honren la designación lograda.

Voy a repetir lo que he manifestado en distintos escritos públicos a los miembros de la Justicia. Es una opinión muy personal pero tengo mis fundamentos: no pueden ser menores de 60 años.

A los efectos de tener la capacidad de juzgar, si son más jóvenes no saben lo que es la vida y por lo tanto no pueden ser representantes absolutos de la Justicia, o contar con mayor potestad que los gobernadores, por ejemplo, que son elegidos por el pueblo.

Me voy a reservar un párrafo para determinar la responsabilidad del gobierno respecto a la Justicia y el trato brindado a los delincuentes, así como -indirectamente- a las víctimas. A los delincuentes, masculinos o femeninos, se resuelve supuestamente un castigo de limitación de su libertad, o sea lo que se denomina queda en prisión.

A partir del momento en que están en prisión, pasan a tener los siguientes «derechos»: techo-casa (aunque sea la cárcel), ropa, comida, sueldo, posibilidad de estudio, además tener relaciones sexuales (las denominadas visitas higiénicas). Pregunto… ¿Les falta algún derecho?

En cambio, a los adultos mayores golpeados, las verdaderas víctimas, el Estado… ¿Qué le reconoce? ¡Absolutamente nada! Y nosotros, los ciudadanos creemos que el Estado nos custodia.

No, no lo hace. Los adultos mayores quedamos golpeados y desprotegidos, pero para recuperarnos del castigo perpetrado debemos recurrir a la asistencia pública, al PAMI, o si podemos a las clínicas privadas, siempre y cuando la obra social nos pueda cubrir.

Pero no se trata de una situación producida por una enfermedad, sino por una violación/ataque a nuestra propiedad privada, que puede ser nuestra casa, nuestro negocio,… nuestra libertad.

Está de más leer nuestros derechos establecidos por la Constitución de la provincia de Santa Fe. Pero la realidad es que la Justicia a mi entender no cumple con su función (impartir justicia, protegiendo a los ciudadanos) y los gobiernos tampoco. Entonces… ¿a quién podemos recurrir?

Soy reiterativo, porque a esta temática ya la expresé en anteriores escritos, en 2016, 2018 y 2024, pero sigo insistiendo. Por lo pronto, no me queda otra que insistir, a la vez que digo: Señor, ruega por nosotros.

*Por su interés, reproducimos este artículo escrito por Juan José Sagardía, publicado en El Litoral.