Magistrados exigen sanciones penales a los colegios que no activen protocolos contra el acoso escolar

Critica con dureza la «inmunidad» de los centros educativos que no aplican los protocolos de prevención y exigen que se deje de tratar este problema como una cuestión meramente civil

La judicatura alza la voz en defensa de los menores víctimas de acoso escolar. Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han criticado con dureza la «inmunidad» de los centros educativos que no aplican los protocolos de prevención del bullying, exigiendo que se deje de tratar este problema como una cuestión meramente civil, según una información de Europa Press.

En la jornada organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el magistrado del Supremo Vicente Magro fue tajante: «Al colegio se va a aprender, pero también a ser protegido. No activar los protocolos es una forma de desprotección institucional».

Magro reclamó una política de “tolerancia cero” frente al acoso escolar y advirtió de que no basta con indemnizaciones cuando un menor es víctima de agresiones o humillaciones persistentes. «Ningún padre quiere un euro manchado de la sangre de su hijo. La responsabilidad civil no repara el daño irreparable de un suicidio juvenil», aseveró, en referencia a casos recientes que han conmocionado al país.

Más que asignaturas

El magistrado subrayó que los colegios no son sólo espacios de enseñanza académica. «Tienen la misión de educar en valores, en igualdad, en convivencia», dijo. Por ello, insistió en que todos los centros —públicos, concertados o privados— deben implementar protocolos eficaces contra el acoso, sin excepciones ni privilegios.

También reclamó que se refuerce la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, ya prevista por la ley, para garantizar la detección precoz del acoso y la activación inmediata de los protocolos de actuación.

En la misma línea se pronunció el magistrado de la Audiencia Nacional Fermín Javier Echarri, quien recordó que incluso los centros educativos extranjeros que operan en España están sujetos a la normativa estatal en materia de protección de menores.

Echarri defendió que estos colegios también pueden ser investigados y juzgados en tribunales españoles si se demuestra negligencia o incumplimiento de los protocolos.

El profesor de Derecho Penal Carlos Gómez-Jara fue más allá al denunciar la pasividad de algunas administraciones educativas. «Aunque la inspección detecte que no hay protocolos o que no funcionan, no ocurre nada», lamentó. “Los centros escolares deben entender que si no actúan por convicción, tendrán que hacerlo por obligación legal. No basta con tener seguros; hay que asumir responsabilidades”.

El mensaje de los juristas fue claro: ya no basta con buenas intenciones o protocolos de papel. Ante unas cifras de acoso escolar que siguen creciendo, la justicia pide acción, prevención real y una respuesta contundente contra cualquier forma de violencia en las aulas.

“Si no actuamos, estaremos promoviendo la desigualdad. El acoso escolar no es un problema aislado, es una cuestión de derechos humanos en plena infancia”, concluyó Vicente Magro.