Abren diligencias por la filtración de los chats privados de Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’

La investigación nace de una decisión del juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, en la que el expresidente figura como imputado

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas para esclarecer la filtración de mensajes personales y agendas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’. La magistrada ha pedido además a la Policía un informe sobre las filtraciones del sumario.

La responsable del caso es Margarita Valcarce, titular de la Plaza 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. Así lo han confirmado fuentes jurídicas.

Las pesquisas arrancan después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del ‘caso Plus Ultra’, acordara el pasado 25 de junio investigar el origen y los responsables de la filtración. Afecta a chats entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, ambos imputados en la causa. Esas conversaciones contenían aspectos de la vida privada del expresidente.

Cómo se conocieron los mensajes

Se supieron tras conocerse un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. El documento trata sobre presuntas influencias que Zapatero habría ejercido con el Gobierno de Bolivia para ayudar a una empresa peruana. Por ello habría recibido 200.000 euros.

En una carpeta de anexos de ese informe se incluían miles de conversaciones entre Zapatero y Alcázar. Mostraban cuestiones profesionales y también asuntos privados, como la agenda personal del expresidente y sus citas.

Como consecuencia, Calama limitó el acceso a la nube al Partido Popular, que lidera la acusación popular unificada. También acordó formar una pieza de información sensible. En ella se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos y acusados.

El ‘caso Plus Ultra’

Calama sitúa a Zapatero como líder de una presunta trama de tráfico de influencias. Habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesto papel de mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.