A juicio 21 activistas de la protesta ‘Rodea el Congreso’

La manifestación pacífica contra la corrupción institucional acabó por convertirse en una jornada violenta tras la intervención del cordón policial

Doce años después de los disturbios del primer Rodea el Congreso en 2012, 21 activistas se encuentran en el banquillo de los acusados. El próximo 18 de noviembre, el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid iniciará el juicio en el que se les imputan delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones. Las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados varían de entre tres años y ocho meses hasta ocho años y dos meses de prisión, con un total de 121 años de cárcel.

La protesta, que comenzó como una manifestación pacífica en la plaza de Neptuno contra la corrupción institucional, culminó en violentos enfrentamientos cuando los manifestantes intentaron romper el cordón policial alrededor del Congreso de los Diputados.

Según el escrito de acusación, el saldo fue de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos agentes de policía. La Fiscalía sostiene que, en torno a las 19.00 horas, unos 500 individuos arremetieron “violentamente” contra el dispositivo policial, derribando las vallas y arrojando objetos contundentes. Aunque las marchas se habían convocado como una protesta pacífica bajo el lema “Rodea el Congreso, rescata la democracia”. Los altercados transformaron la manifestación en una jornada de alta tensión en las calles de Madrid.

Los hechos

De acuerdo con el relato de los hechos, los disturbios comenzaron cuando los manifestantes lograron sortear el vallado y se agolparon junto al perímetro de seguridad en torno al Congreso. Entre gritos de “vamos a tomar el Congreso, ahí están los ladrones”, los protestantes desarmaron el vallado y alentaron a los congregados a romper el cordón policial.

En respuesta, la policía intentó restablecer el vallado, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos en los que se lanzaron botellas, piedras y otros objetos hacia los agentes, además de golpearles con patadas y puñetazos. Según el Ministerio Público, varios grupos organizados y coordinados aprovecharon la confusión para causar destrozos en la vía pública y bloquear el tránsito.

A medida que avanzaba la noche, los disturbios se extendieron hacia otras zonas de la ciudad. A las 22.30 horas, unas 200 personas se desplazaron hacia la estación de Atocha con el supuesto objetivo de continuar los desórdenes.

Allí, los manifestantes increparon a los vigilantes de seguridad, rompieron mobiliario urbano y, en un punto crítico, cruzaron las vías del tren, lo que obligó a detener el tráfico ferroviario. Las acciones de este grupo continuaron hasta bien entrada la madrugada del 26 de septiembre, pero sin que los manifestantes lograran acceder al Congreso, que permaneció resguardado por el despliegue policial.

Contexto

La movilización de Rodea el Congreso había sido organizada por colectivos ciudadanos como “Coordinadora 25-S” y “Plataforma en Pie”, y el movimiento 15-M, en una convocatoria en la que participaron miles de personas y que inicialmente transcurrió sin incidentes graves.

Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando las dos marchas principales, que habían partido desde la Plaza España y desde Cibeles, confluyeron en Neptuno, donde los manifestantes comenzaron a corear consignas llamando a “tomar el Congreso”. Ante el aumento de la violencia, la policía desplegó unidades de intervención para intentar contener la multitud y asegurar la salida de los diputados que aún se encontraban en el edificio.

Entre los cargos imputados por la Fiscalía a los acusados se incluyen desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, y daños y lesiones, señalando que las acciones en esa jornada alteraron considerablemente la seguridad pública. La Fiscalía afirma que los disturbios provocaron un grave peligro para los viandantes, muchos de los cuales quedaron atrapados en la zona sin posibilidad de escapar de los disturbios.

Los acusados, según se destaca en el escrito, coordinaban sus ataques contra los agentes y destrozaban infraestructuras urbanas con el fin de bloquear la circulación y dificultar el control policial en puntos estratégicos como el acceso al Congreso y la estación de Atocha.

Una cita judicial de amplio alcance

Este juicio, previsto para prolongarse hasta el 28 de noviembre, representa uno de los procedimientos más extensos y mediáticos en relación con las manifestaciones de 2012. El Ministerio Público, en su acusación, buscará que se impongan penas elevadas para quienes, considera, actuaron con una voluntad organizada de generar un clima de desobediencia civil en un espacio clave de la capital.

A su vez, los abogados de los acusados argumentan que los hechos deben interpretarse en el contexto de una protesta que, a pesar de su evolución en altercados, tuvo como fin denunciar pacíficamente la corrupción en las instituciones democráticas del país.