Una mujer recibe una multa de 1.500 euros por alimentar palomas

El Ayuntamiento refuerza las medidas ante las infracciones de la Ordenanza Municipal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, ha iniciado un procedimiento sancionador contra una ciudadana. Esta acción se debe a su reiterada práctica de alimentar a las palomas, que contraviene la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales. Dicha normativa establece este acto como una infracción administrativa grave, con una sanción de hasta 1.500 euros.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, enfatiza que «estos hechos no pueden pasar desapercibidos». En este sentido, el consistorio continuará imponiendo sanciones a quienes alimenten a los animales en la vía pública. «Un simple acto como este puede acarrear problemas de salud pública, y nuestra responsabilidad como gestores de la ciudad es impedir que eso ocurra», destaca Bermúdez.

Un concejal señala la repetición de comportamientos

El concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que «los hechos se repiten con frecuencia por parte de esta mujer que se niega, dicho por ella, a cambiar su comportamiento». La ciudadana en cuestión porta bolsas de plástico con una gran cantidad de arroz que tira al suelo para alimentar a las palomas.

Tarife añade que «hay que sancionar a estas personas que alimentan a las palomas porque es un acto que altera la salubridad y el equilibrio natural de la ciudad». Esto se evidencia por la mayor cantidad de excrementos y la presencia de otros animales como roedores. El concejal destaca los esfuerzos del ayuntamiento para evitar que la población deje basura fuera de los contenedores y para que no alimente a las palomas.

Normativa prohíbe la alimentación sin autorización

La Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales prohíbe proporcionar alimentación de cualquier tipo y manera sin la autorización administrativa correspondiente. Esto aplica a cualquier animal que se encuentre en las vías o espacios públicos, o que haya accedido a una propiedad privada.