El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha revelado planes para expandir la capacidad de acogida de migrantes en situación irregular en las Islas Canarias, aumentando en 1.980 plazas mediante la ampliación de dos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en El Hierro y Fuerteventura, y la creación de dos nuevos centros en Fuerteventura y Tenerife.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, convocada a solicitud de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y otros 125 Diputados, para abordar la crisis migratoria que enfrentan múltiples Comunidades Autónomas, Marlaska detalló los planes de expansión.
El CATE móvil en El Hierro, actualmente con capacidad para 320 personas, está previsto que incremente su capacidad a 800 plazas en los próximos días, mientras que en Fuerteventura se ha autorizado una inversión de 3 millones de euros para ampliar la capacidad de acogida. También se busca pasar de 200 a 700 plazas en el CATE existente en la ‘Nave del Queso’.
Además, se proyecta la instalación de un CATE móvil en ‘El Matorral’ (Fuerteventura) con capacidad para unas 600 personas, y se están realizando gestiones para establecer otro CATE móvil en Tenerife con unas 400 plazas. Marlaska recordó que en Lanzarote opera un CATE desde 2022 con capacidad para 300 personas.
El ministro también mencionó desarrollos fuera de Canarias, como el funcionamiento de un nuevo CATE en Baleares desde hace seis meses y la finalización de un nuevo centro en Motril que pronto entrará en operación.
Estos centros sirven como lugares de estancia temporal, con un máximo de 72 horas, para los migrantes antes de su derivación a recursos sociales.
Marlaska destacó que, en el último año, se ha observado un aumento del 73% en las llegadas irregulares de inmigrantes a España, con 50.551 llegadas hasta el 3 de diciembre, especialmente en la ruta atlántica hacia las islas Canarias.
No obstante, el ministro resaltó «descensos importantes» en las llegadas irregulares en momentos de crisis migratorias, atribuyendo estos logros al incremento de recursos, mejor coordinación en la gestión de la llegada de migrantes y cooperación con los países de origen y tránsito.
Respecto a la presión migratoria actual, Marlaska la definió como «estructural» y motivada por factores socioeconómicos, sumados a aspectos coyunturales como la situación interna en varios países africanos y desastres naturales en la región.
El enfoque de la política migratoria del Gobierno español busca la colaboración con países africanos para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes, con énfasis en la cooperación operativa y el intercambio de información.
Marlaska subrayó la necesidad de una política integral para afrontar la migración irregular, apelando a la responsabilidad compartida y la colaboración operativa como claves para lograr flujos migratorios seguros y regulares.