El acuerdo entre PSOE y Junts da vía libre a la investidura de Sánchez

En el caso de que el pacto se haga público este jueves, lo siguiente sería registrar en el Congreso la Ley de Amnistía

El PSOE y Junts han alcanzado en Bruselas un acuerdo que da vía libre a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sanchez. A falta de que sea ratificado y de que ambas formaciones reflejen su firma en el documento, el pacto está cerrado y se anunciará este mismo jueves, 9 de noviembre, después de varios días de largas e intensas negociaciones.

En el caso de que el acuerdo se haga público este jueves, lo siguiente sería registrar en el Congreso la Ley de Amnistía. De ser así, también tocaría convocar el pleno de investidura, que se celebraría a principios de la semana que viene. Todo apunta a que el pacto ha quedado prácticamente listo a lo largo de este miércoles y que hoy terminaría de perfeccionarse.

Bruselas pide explicaciones sobre la ley de amnistía

Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, ha enviado sendas cartas a los ministros de Presidencia, de Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, en la que expresa su preocupación por la anunciada ley de amnistía; y pide que le expliquen con detalle el alcance de una norma que Pedro Sánchez negocia con el fugitivo expresidente catalán Carles Puigdemont. Quiere sus votos a toda costa.

Aún no se ha hecho público el contenido del pacto, es decir, hasta dónde llegará la impunidad que Pedro Sánchez pretende otorgar por ley al independentismo catalán (antes de las elecciones, Sánchez decía que ese instrumento legal carecía de encaje en la Constitución) con tal de que el prófugo Puigdemont le dé los siete votos que él tiene y el otro necesita para ser investido de nuevo presidente del Gobierno.

Las mentiras preelectorales de Sánchez diciendo que nunca concedería la amnistía a los cientos de encausados por el procés catalán, incluido el propio Puigdemont, que huyó de la justicia española en 2017 a Waterloo en el capó de un furgón, han desatado virulentas manifestaciones ante las sedes del PSOE de numerosas ciudades españolas. En Madrid hubo esta semana detenidos y cargas policiales contra un centenar de ultras que se filtraron en la cabeza de la multitudinaria manifestación de la madrileña calle de Ferraz.

Ante el recrudecimiento de la tensión ciudadana, Sánchez visitó ayer en secreto la sede de Ferraz, para desviar la atención tras las trifulcas nocturnas entre manifestantes ultras y policías de la UIP, los mismos que se desplazaron a Cataluña en 2017 para frenar la segregación territorial y que fueron recibidos a pedradas y con contenedores incendiados en las calles. Hubo más de 1.000 policías y guardias civiles heridos, de los 6.000 desplazados.

Ayer por la mañana, horas después de las cargas policiales, Sánchez se retrató entre empleados del PSOE de Ferraz (“habrá investidura”, les contó). Su intención era culpar de los brotes violentos a la ultraderecha. Pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha respondido que no es de recibo criticar la violencia, que ha condenado, cuando él se afana en amnistiar la que se desencadenó en el procés. O sea, el pacto es dejar impunes al propio Puigdemont y a cientos de catalanes encausados y que Sánchez siga en el sillón de La Moncloa.

Está pidiendo la amnistía para cientos de personas. Incluso para una política catalana condenada, no por sus ideas secesionistas, sino por malversación de caudales públicos. Quieren meterla en el mismo saco de impunidad. Nada que ver con el procés. Puigdemont lo tiene claro, quiere la amnistía y un referéndum de autodeterminación. Y todo indica que Sánchez, obsesionado con el poder, parece dispuesto a concedérselo todo.

En este contexto, el expresidente socialista Felipe González pidió ayer a Sánchez que le diga “no” a Puigdemont y convoque ya nuevas elecciones. Pero Sánchez se resiste. Si las convocase, ya no podría mentir de nuevo y distanciarse de las pretensiones proamnistía que anidaba en su cabeza. Y que ahora son evidentes.

Aún no hay ley de amnistía, el contenido que se está pactando lo llevan en secreto los negociadores, pero Sánchez ya ha confirmado públicamente su existencia. Y este es el motivo que, por otro lado, llevó al Consejo del Poder Judicial a subrayar que esa ley anunciada por Sánchez no cabe en la Constitución y atenta contra la obligada igualdad de trato para todos los ciudadanos.

Sánchez dice que con la amnistía busca convivencia y beneficio social. Aunque en realidad su perdón, estirando el no encaje legal, es a cambio de seguir como presidente. Es su leitmotiv. Y le da igual lo que tenga que dar. Así lo ven en PP y VOX.

Y Bruselas, preocupada

Bruselas, de momento comedida, ya se está moviendo.

“Ahora se expresan serias preocupaciones adicionales en relación con los debates en curso [en España] sobre la posible adopción de una ley de amnistía. Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, este asunto ha adquirido una importancia considerable en el debate público y la Comisión ha sido contactada al respecto, incluso por un gran número de ciudadanos», le narra Reynders a Bolaños y a Llop en sus respectivas cartas.

“Les agradecería que me facilitaran información más detallada, en particular sobre el ámbito de aplicación personal, material y temporal de esta ley prevista”, exhorta comisario de Justicia de la Unión Europea.

El comisario europeo de justicia termina recordando a los dos ministros españoles que “la Comisión mantiene su compromiso de supervisar y defender los valores fundamentales de la Unión en todos los estados miembros y seguirá colaborando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho”.

No es nada normal que la Comisión Europea, que actúa como un «primus inter pares» (primero entre iguales) pida explicaciones sobre asuntos como este, una ley de amnistía, cuyo texto no se conoce todavía. De ahí su importancia. Es un aviso claro de la Unión Europea donde parece existir preocupación de que dicha ley pueda amnistiar delitos de malversación de fondos públicos, lo que supondría un retroceso en la lucha contra la corrupción en el espacio europeo. Y, además, se amnistíe a políticos que han cometido delitos graves y son prófugos de la justicia.

El comisario también recuerda que España no ha avanzado en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra con un mandato caducado que próximamente cumplirá cinco años, por la incapacidad para llegar a un acuerdo sobre los nuevos vocales.