La inacción de la fiscalía militar en los pagos a un general que faltó 20 meses a su despacho propicia una denuncia en Anticorrupción por malversación

La Fiscalía Militar, que depende del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, ha mirado para otro lado en la supuesta malversación de caudales públicos derivada de los pagos realizados a un general auditor del Cuerpo Jurídico del Estado, Alfonso Barrada Ferreirós, quien durante casi dos años no ha acudido a su despacho oficial en la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa.

Barrada fue ascendido en 2021 de coronel a general por Robles sin que hubiese ninguna plaza vacante en la asesoría jurídico militar; y él, en lugar de acudir no obstante a su puesto oficial en Defensa, ocupó indebidamente durante casi dos años un despacho en la sede del Tribunal Central Militar, de cuyo presupuesto, además, percibió todos los meses otros 1.156 euros aparte de los 6.000 brutos mensuales que cobra como general, tal como avanzó FUENTES INFORMADAS el domingo 5 de marzo.

El hecho de que la Fiscalía Militar no haya actuado ni investigado este asunto, ha llevado a un grupo de militares a presentar una denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción para que se depuren las responsabilidad oportunas que su homónima togada, que depende en parte del ministerio, ha rehusado abordar.

Los denunciantes han optado por el anonimato de acuerdo con la nueva legislación europea que respalda las denuncias anónimas con el fin de que no queden impunes hechos criminales y menos de índole económica, por lo que han han decidido elevar los hechos a Anticorrupción al considerar que lo ocurrido con el general Barrada puede constituir varios delitos.

Los hechos que denuncian son que ha habido una connivencia entre el general consejero togado Antonio Afonso Rodríguez, jefe de la asesoría jurídica de Defensa, y las respectiva subsecretarias del ministerio Amparo Valcárcel y Adoración Mateos por permitir que Barrada percibiese su salario y no fuese amonestado pese a haber estado más de 20 meses sin acudir a su puesto oficial de trabajo.

Ni siquiera llegó a tener despacho allí porque su nombramiento se hizo sin que existiera una plaza vacante, según se explica en la denuncia. Casi nadie de los que allí trabajan le conocían. Sí fue por la sede del Tribunal Central Militar, en la calle Princesa. Pero su puesto estaba en la sede de Defensa en La Castellana.

El ascenso de Barrada, saltándose a coroneles más antiguos que él, tenía la finalidad, según los autores de la denuncia anónima en la que se exponen los hechos, de que fuese nombrado para ocupar un plaza en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que es la que revisa las resoluciones de la ministra Robles. y colocar en él a una persona de confianza.

Se cuenta en el escrito que la publicación de estos hechos en FUENTES INFORMADAS derivó en un escándalo que condujo a Defensa a habilitarle por fin “a toda prisa” a llevarle a la sede central del ministerio. Su nombramiento como general sin que existiera una plaza vacante, añade la denuncia, implica una vulneración de la legislación militar.

Los denunciantes sostienen que “la falta de asistencia durante más de año y medio del general Barrada a su destino es también constitutiva presuntamente un delito de “abandono de destino del artículo 56 del Código Penal Militar, del que serían responsables el general Afonso Rodríguez y las citadas subsecretarias”. Y además, añaden, que el cobro de un complemento, los 1.156 euros mensuales, por dedicación exclusiva para alguien que no ha ido a su puesto oficial de trabajo ha supuesto también una alarma en el seno del ministerio que sería constitutiva de una malversación de caudales públicos.

Antecedentes

Tal como publicó este periódico, la ministra Margarita Robles lo ascendió en junio de 2021 de coronel auditor del cuerpo jurídico de Defensa a una plaza inexistente/ficticia (no había ninguna vacante) con el cargo de general de brigada del cuerpo jurídico del ministerio. Este es el momento en que desde Defensa y alrededores de la ministra le hicieron promesas todavía incumplidas. La idea inicial era nombrarle presidente del Tribunal Militar Central y luego elevarlo al Supremo.

La situación del general Barrada solo parecería un mero pasaje surrealista si no fuera porque en este asunto alguien ha podido cometer un delito, por un no hacer nada, por consentirlo. Las miradas se dirigen hacia el jefe, el también general Antonio Afonso, por permitir tantísimo absentismo en un departamento por el que te pueden caer meses de cárcel por no ir al trabajo más de tres días sin justificación. Afonso y Barrada son amigos.

Y la cosa no queda ahí: tras estar el general Barrada sin pisar el despacho casi dos años, la ministra Robles, a mediados del año pasado, le entregó un premio, la Gran Cruz al Mérito Naval, cuyas premisas básicas, acudir al menos al puesto de trabajo, incumplía radicalmente desde hacía meses el galardonado.

Lo surrealista de este asunto es, además, que se le ascendió de coronel a general con la promesa (se supone que alguien ya habría convencido al Consejo del Poder Judicial de Rafael Mozo de su nombramiento, o a Lesmes, antes incluso de que el Consejo siquiera lo meditara) de que sería nombrado para el puesto de presidente del Tribunal Militar Central.

Pero nada ha salido bien. Es una plaza importante: grandes decisiones del ministerio, sanciones, etcétera, pasan por ahí. Si el presidente del tribunal debe su puesto a la ministra, le costará trabajo después desautorizarla, se supone. Y desde ahí al Supremo, sala de lo Militar.

Pero después del ascenso y las promesas sucedió lo inesperado: lo prometido, y atado, se quedó en el aire, y aún sigue levitando, debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez prohibió por ley al Consejo del Poder Judicial efectuar nombramientos de jueces, ni siquiera militares, con la intención frustrada de forzar al PP a negociar el relevo del órgano de gobierno de los jueces.

Este embrollo legislativo dejó al general Barrada en el limbo de lo incierto. Eso sí, dado que ya era general auditor jurídico y, aunque en el ministerio no había vacante, ni se sabe si despacho sobrante, pues las dos plazas con despacho estaban cubiertas, Barrada estaba obligado a ir al despacho oficial. Y nunca fue. Se metió «de okupa», señalaron a este digital fuentes militares, en un despacho del Tribunal Militar Central.

Coordinador en el Tribunal Central Militar

Fuentes del entorno de Barrada, respecto a este asunto, hicieron llegar una nota a FUENTES INFORMADAS en la que señalan que Barrada dispone de un nombramiento oficial para estar en el Tribunal Militar Central como coordinador. En la nota, que hoy vuelve a reproducir este periódico, explican lo siguiente: «El día 26 de mayo de 2021 se produjeron dos vacantes de general auditor en el Cuerpo Jurídico Militar por pase a la reserva de los oficiales que las desempeñaban: la primera, Vocal del Tribunal Militar y la segunda, Asesor Jurídico del Ejército del Aire». 

«En esas dos vacantes», añaden, «ascendieron, el 1 de junio, dos coroneles auditores, el primero de ellos [él], Alfonso Barrada Ferreirós. El segundo coronel en ascender a general fue destinado como Asesor Jurídico del Ejército del Aire y se asumía que el general Barrada Ferreirós sería nombrado Vocal del Tribunal Militar Central, dado que hasta el momento de su ascenso ocupaba el puesto de Juez Togado Militar Central n.º 1 y tenía una amplia experiencia en destinos propios de la Jurisdicción Militar y la Fiscalía Militar.» 

La nota añade: «La vacante del Tribunal Militar Central se produjo después de que entrase en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se impedía que un Consejo General en funciones nombrase cargos judiciales discrecionales.

Sin embargo, la exposición de motivos de aquella reforma, al mencionar los puestos judiciales que no podían ser nombrados por el Consejo en funciones, no citaba ninguno de los pertenecientes a la Jurisdicción Militar».  

«Por ello, se entendió que la vacante del Tribunal Militar Central no estaba afectada por aquella reforma, poniéndose en marcha el procedimiento para cubrirla. Fue anunciada en el BOE del 16 de junio de 2021; el general Barrada Ferreirós fue el único que la solicitó; y el expediente de la misma fue enviado al Consejo General del Poder Judicial con el preceptivo informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central». 

«Sin embargo», prosigue la citada nota, «cuando llegó el momento de asignar esa vacante, el Consejo General del Poder Judicial había llegado a la conclusión de que, aunque no estuviera mencionado en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/2021, aquél era uno más de los puestos judiciales discrecionales que la reforma le impedía asignar. Por lo que la vacante quedó sin cubrir». 

«Antes de llegar a ese momento y en tanto no se producía la resolución del Consejo General del Poder Judicial (que suele demorarse entre cuatro y seis meses desde que se produce la vacante), se dispuso ‒como en los dos casos anteriores en que el Consejo ha nombrado vocales del Tribunal Militar Central (en 2107 y 2019)‒ que el general Barrada Ferreirós pasase destinado a la Asesoría General del Ministerio de Defensa.

Una vez en ella, se le encomendó el enlace con los órganos de gobierno de la Jurisdicción Militar, que es una de las funciones que el real decreto de organización del Ministerio de Defensa le atribuye a la Asesoría General del Ministerio. Por esta razón, el general auditor Barrada Ferreirós ocupó un despacho en el mismo edificio donde tiene su sede el Tribunal Militar Central, cuya Sala de Gobierno es el único órgano de gobierno de la Jurisdicción Militar».

Méritos para el ascenso 

Por otra parte y en cuanto a los méritos para el ascenso del general Barrada Ferreirós, «debe recordarse», prosigue la nota, «que Barrada ingresó en el Cuerpo Jurídico de la Armada en 1984, como número uno de su promoción. Después de servir en destinos de la Armada en Ferrol y en Palma de Mallorca, pasó al Ministerio de Defensa y desde allí, en 1991, a la Fiscalía Togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, donde estuvo destinado, en esa primera ocasión, más de nueve años». 

«En el año 2000 ingresó en la Carrera Judicial, con la categoría de magistrado, por concurso entre juristas de reconocida competencia (pasando a excedencia en el Cuerpo Jurídico Militar), siendo destinado como Juez de Vigilancia Penitenciaria Único del Principado de Asturias y después como Juez de lo Social n.º 26 de Madrid. 

«En el año 2008 volvió al servicio activo en el Cuerpo Jurídico Militar (quedando en excedencia en la Carrera Judicial), desempeñando puestos de Vocal del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid), Asesoría Jurídica de la Armada, de la que fue Segundo Jefe, Fiscalía Togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y Juez Togado Militar Central n.º 1».  

Barrada, según estos medios de su entorno, «es especialista en Derecho Penal Militar y Diplomado en Alta Gestión de Recursos Humanos por el CESEDEN. Fue Asesor Jurídico de la Brigada Española en Bosnia y Herzegovina entre 1998 y 1999 y del Cuartel General (embarcado) de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico en 2009». 

Además, es autor de numerosas publicaciones y profesor del Máster de Derecho y Negocio Marítimo de ICADE. 

«Y fue el número uno en la evaluación para el ascenso a coronel (2017); el número uno la primera vez (2019) que fue evaluado para el ascenso a general (pero no pudo ascender por no haber realizado el curso preceptivo antes de que se produjeran las vacantes); y era el número uno de la segunda evaluación (2020) para el ascenso a general cuando en mayo de 2021 se produjo la vacante en la que ascendió.

En todas esas evaluaciones, siempre ha ocupado uno de los primeros puestos (cuando no el primero, como en 2017) en la encuesta de prestigio que se realiza entre compañeros, superiores y subordinados, del Cuerpo Jurídico Militar», aseguran las citadas fuentes.