Los programas de los principales partidos para las elecciones generales del 29 de noviembre incluyen propuestas muy distintas sobre vivienda. La izquierda coincide en la intervención pública en el mercado y la derecha en la rebaja de impuestos.
El PSOE y Frente Amplio, socios del Gobierno de coalición, proponen en sus programas destinar cada año el 1 % del producto interior bruto a vivienda. Supondría unos 17.000 millones de euros. Ambos quieren además reformar la Constitución para elevar la vivienda al capítulo de los derechos fundamentales y darle mayor protección jurídica, aunque ya figura en el artículo 47. Para lograrlo habría que recurrir al procedimiento agravado. Exige una mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, disolver las Cortes, convocar elecciones y celebrar un referéndum.
El partido liderado por Pedro Sánchez plantea un parque público estatal de 100.000 viviendas, un impuesto contra la especulación de fondos ‘buitre’ y un banco estatal de suelo público. Propone también leyes de proveedores sociales de vivienda y de movilización de suelo, potenciar la construcción industrializada y destinar más de 25.000 millones de euros a avales, préstamos y financiación para vivienda asequible. Quiere permitir que los municipios que lo deseen graven las pernoctaciones en viviendas de uso turístico. En alquiler, aboga por alargar los contratos, congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia y dar bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios.
Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau, plantea una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados. Se aplicaría por fases, empezando por entidades con más de 1.000 viviendas, después por las que tengan más de 700 y por último por empresas con más de 50 inmuebles. Propone también reconocer legalmente la huelga de alquileres, vincular el precio del alquiler al 25 % de la renta del barrio y obligar a las empresas a financiar parte de la vivienda asequible. Calcula que un impuesto del 0,45 % sobre la masa salarial bruta de empresas con 50 o más asalariados recaudaría en torno a 1.000 millones de euros al año y permitiría construir unas 10.000 viviendas públicas.
Quiere además prohibir por ley la compra de viviendas residenciales con un fin distinto a la residencia habitual. Plantea extinguir de forma progresiva las licencias de viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada fraudulentos en zonas tensionadas, en un máximo de tres años. Incluye una agencia estatal de vivienda con capacidad sancionadora y multas de hasta un millón de euros.
Podemos, la formación representada por Irene Montero, aboga por bajar un 40 % los alquileres mediante decreto ley, expropiar viviendas en manos de fondos ‘buitre’ y crear una inmobiliaria pública que intermedie entre inquilinos y propietarios. Propone prohibir los desalojos extrajudiciales, ilegalizar las empresas de ‘desokupación’ y tipificar el delito de «acoso inmobiliario». También plantea prohibir los cortes de suministros básicos y los desahucios sin alternativa habitacional.
Incluye además un tope al diferencial de las hipotecas variables sobre vivienda habitual. Se aplicaría a hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM. Ese umbral se incrementaría en 0,3 por cada hijo. Mientras el euríbor se mantenga por encima del 2 %, el interés no superaría el euríbor más un 0,1 %.
El Partido Popular, que lidera Alberto Núñez Feijóo, pone como primera promesa construir un millón de viviendas. Para ello aprobaría una nueva Ley del Suelo que agilizaría el planeamiento urbanístico. Plantea también una hucha para menores de 40 años, que podrían aportar hasta 2.000 euros al año a una cuenta de ahorro para su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20 %. El límite acumulado sería de 40.000 euros y los rendimientos estarían exentos de tributación.
Propone derogar la Ley de Vivienda de 2023, unificar trámites entre comunidades y ayuntamientos y promover la vivienda industrializada, en lo que coincide con el PSOE. Quiere rehabilitar edificios degradados y bajar al 4 % el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años. Ampliaría para ellos los avales de hasta el 20 % del valor de la vivienda, con posibilidad de elevar la edad hasta los 50. Ofrece una bonificación fiscal a los propietarios que renueven el contrato por un precio inferior a la subida del índice de precios al consumo. Se compromete además a expulsar al ‘ocupa’ en 48 horas por orden judicial.
La principal medida de Vox, el partido de Santiago Abascal, es la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, social o a las ayudas al alquiler. Propone modificar o derogar las normas que la dificulten. Plantea reformar la Ley del Suelo, ampliar la inversión pública en vivienda por habitante y prohibir el arrendamiento a quienes define como inmigrantes ilegales. Defiende una fuerte reducción de impuestos en la edificación y en el acceso a la primera vivienda, con IVA cero y una bonificación del 100 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
También apuesta por desalojar la vivienda okupada en menos de 24 horas y devolver de inmediato la posesión al propietario. Ofrece asistencia jurídica gratuita a los afectados y exención de impuestos, cargas fiscales y gastos de suministros del inmueble mientras dure la okupación.