Los portavoces de Vox, PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos debatieron el jueves sobre el futuro del sector audiovisual en un acto organizado por AECINE, con el apoyo de EGEDA, en la sede de Écija Abogados. La conversación giró en torno al modelo de financiación del cine y a la Ley del Cine, y dejó reproches entre las formaciones sobre la relación del PP con Vox.
El portavoz de Vox, José Ramírez del Río, defendió que las subvenciones sean previsibles en los presupuestos, transparentes y concedidas por concurrencia competitiva, además de neutrales ideológicamente. Quiere una industria audiovisual más fuerte y competitiva, pero rechazó que eso pase por mantener dinero público de forma indefinida. Según él, el dinero de los contribuyentes debe reforzar un cine solvente y no generar dependencia de las administraciones.
Ramírez del Río sostuvo también que las ayudas han estado sesgadas en los últimos años y aseguró que el Ministerio ha vetado a profesionales, sin dar nombres para no perjudicarlos. No aclaró si Vox quiere extender a las ayudas estatales el criterio de Castilla y León, que pide firmar una declaración de compromiso para que las películas no incluyan ‘adoctrinamiento ideológico’.
La portavoz de Cultura del PP, Sol Cruz-Guzmán, no pudo asistir en persona porque, según explicó, estaba incomunicada en Sevilla por el accidente ferroviario de Urda. Reclamó reforzar la presencia española en las negociaciones europeas y mejorar la coordinación entre administraciones para facilitar el acceso de las productoras a la financiación. El representante de Frente Amplio, Nahuel González, le preguntó si dejaría la cultura en manos de Vox en caso de gobernar. Cruz-Guzmán respondió que el PP no estará del lado de la censura y que la cultura será un punto fuerte del proyecto de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
Vox justificó su rechazo al anterior proyecto de ley porque, a su juicio, no definía de forma clara y coherente al productor independiente, lo que generaba inseguridad jurídica. Ramírez del Río advirtió de que no se puede aceptar que se dé una subvención de un millón de euros a una película con 50 espectadores, porque esas situaciones generan desconfianza en el público. Reclamó además más incentivos fiscales para atraer rodajes internacionales y aludió a los «desastres» recientes, el apagón y los accidentes ferroviarios, que a su juicio no ayudan a la imagen del país.
El representante de Podemos, Mariano Muniesa, se comprometió a impulsar un nuevo proyecto de ley en un máximo de un año si su partido interviene en el Ministerio de Cultura. Propone también una agencia estatal de cinematografía y más coordinación con los productores independientes europeos. El del PSOE, Pablo Uburburu, defendió que la nueva ley debe partir de un diálogo previo entre el sector y los grupos políticos para fijar un diagnóstico y unos objetivos compartidos.
González, de Frente Amplio, apostó por recuperar el proyecto que decayó en el Congreso, que según él había alcanzado un principio de acuerdo sobre el 70% de su contenido. Acusó a las formaciones de derechas de no apoyar al sector cultural, rechazó las críticas de Vox y afirmó que la libertad creativa es incompatible con la censura. Cruz-Guzmán defendió, por su parte, una ley ambiciosa, actualizada y hecha por y para el sector, y reclamó dejar de usar la cultura como herramienta de propaganda.
Pablo Uburburu pidió que los entes públicos se impliquen más en la compra de derechos, la coproducción y la producción directa, además de cumplir sus obligaciones de inversión, y que asuman un mayor deber de exhibir y promocionar el cine español. Sobre las plataformas, las consideró una oportunidad para la creación y dijo que no hay monopolio, aunque defendió fijar reglas que permitan sinergias entre operadores.
Muniesa defendió que RTVE y las televisiones autonómicas se conviertan en el motor fundamental del cine español. González aseguró que las plataformas deben ser una oportunidad y no un obstáculo, para que su capacidad de distribución y financiación no acabe en un monopolio cerrado que beneficie a unos pocos.
Ramírez del Río pidió modificar la legislación para equilibrar el terreno entre las grandes plataformas y las productoras independientes, porque a su juicio hoy favorece a los grandes operadores. Advirtió de que una productora independiente que no pueda conservar nada de lo que produce está condenada. Cruz-Guzmán lamentó la escasa presencia del cine español en las televisiones públicas, en los informativos y en la programación cultural. Reclamó una promoción más constante y que RTVE sea un referente que cree demanda entre los espectadores.