El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que 113.326 personas nacionalizadas españolas mediante la conocida como ley de nietos están afectadas por la suspensión cautelar del derecho al voto acordada por el Tribunal Supremo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La medida afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad a través de esta normativa y no han acreditado su condición de descendientes de exiliados. La cifra aparece en un documento enviado al alto tribunal por la Abogacía del Estado, después de revisar los datos del censo electoral bajo la supervisión de la Junta Electoral Central.
Según la información facilitada, el Ministerio de Asuntos Exteriores había registrado inicialmente 163.355 personas nacionalizadas por esta vía. Sin embargo, tras descartar a menores de edad y personas incorporadas fuera del plazo electoral, el número se redujo a 153.648.
Posteriormente, el INE localizó 117.723 inscripciones en el censo de españoles residentes en el extranjero. De ellas, se descontaron los electores que habían acreditado su vinculación con el exilio, además de los registros duplicados y las personas que ya figuraban inscritas antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
Tras estas comprobaciones, el organismo ha establecido en 113.326 la cifra definitiva de afectados por la suspensión cautelar.
Por su parte, Iustitia Europa ha pedido aclaraciones sobre 35.925 registros que no aparecen en el censo de residentes en el extranjero. La formación quiere comprobar si algunos electores fueron trasladados al censo de residentes en España y solicitará al Supremo que revise estos movimientos antes de la votación.
El partido también reclama garantías de que la suspensión se aplique correctamente y se cumplan las resoluciones judiciales durante el proceso electoral.