Reducir la jornada sin asfixiar al pequeño comercio

«El reloj de la discordia: El dilema de la jornada laboral de 37,5 horas en los comercios de Madrid.» Doctor Crisanto Gregorio León

«El tiempo es el único bien que los hombres no pueden comprar, pero que las leyes intentan repartir con un lápiz sobre el papel.» — Mariano José de Larra (De sus artículos de costumbres y crónicas sociales sobre la vida madrileña en el siglo XIX)

Madrid asiste al tramo final de un debate político y sindical de enormes proporciones que está a punto de cambiar los horarios de toda España. Tras meses de intensas negociaciones, la reducción obligatoria de la jornada laboral legal a las 37,5 horas semanales se presenta como una realidad inminente. Mientras las oficinas y las grandes corporaciones de la Castellana celebran la medida como una conquista histórica, en las calles comerciales de nuestros barrios el ambiente es de máxima preocupación. Detrás de los grandes discursos sobre el progreso social se esconde un problema diario para el pueblo llano, abriendo una profunda grieta de opinión: la necesidad de dar más tiempo libre y conciliación familiar a los trabajadores frente al temor real de asfixiar económicamente al pequeño comercio y a los autónomos madrileños.

Asi, los defensores de la medida y las organizaciones sindicales sostienen que recortar el horario legal es un acto de estricta justicia social que modernizará el mercado de trabajo. Desde este punto de vista, se argumenta que trabajar menos horas no significa producir menos, sino trabajar mejor, con empleados más descansados, motivados y con una mejor salud mental. Para este bloque del progreso, la reducción de la jornada laboral obligará a las empresas a organizarse de forma más eficiente y fomentará la creación de nuevos empleos a tiempo parcial para cubrir los huecos horarios, repartiendo la riqueza de manera más justa. Sostienen que el bienestar de la clase trabajadora debe anteponerse a las inercias del pasado y que Madrid no puede quedarse atrás en la tendencia europea hacia una vida con mayor conciliación personal.

Mientras  la balanza, la realidad de los autónomos, hosteleros y dueños de pequeños comercios de barrio es radicalmente distinta y roza la desesperación. Para el propietario de una pequeña mercería en Chamberí, una panadería en Vallecas o un bar tradicional en La Latina, el tiempo no es una variable abstracta de oficina; el tiempo se mide en el número de horas que el cierre está levantado de cara al público. Desde este sector de la economía real se denuncia que un comercio familiar no puede recortar dos horas y media semanales a su plantilla sin perder ventas directas o verse obligado a contratar personal extra que sus ingresos corrientes no pueden soportar. Acusan a los legisladores de gobernar desde los despachos oficiales ignorando que los márgenes de beneficio del pequeño empresario ya están al límite debido a la inflación y al coste de los alquileres comerciales.

El  nudo del problema radica en la falta de flexibilidad para adaptar una ley general a sectores con realidades humanas totalmente opuestas. No es lo mismo gestionar una multinacional tecnológica donde las tareas se pueden programar que un mostrador donde se atiende al cliente cara a cara según entra por la puerta. Por lo tanto, el reto urgente para las administraciones madrileñas no es oponerse al descanso del trabajador, sino diseñar un paquete urgente de ayudas y bonificaciones fiscales que proteja al autónomo honesto y al microempresario frente al incremento encubierto de los costes laborales, evitando que la reducción horaria termine provocando el cierre definitivo de los negocios de toda la vida.

«Las leyes que se dictan sin mirar la vida de los mercados acaban por vaciar las tiendas», advertían los analistas de la sociedad española en épocas de grandes transformaciones, y es una verdad que resuena hoy con fuerza en los barrios de la capital. No podemos permitir que el legítimo derecho a una vida más conciliadora se financie destruyendo el tejido comercial que llena de luz y seguridad nuestras aceras. Es el momento de aplicar una política económica inteligente y equilibrada que combine el bienestar del empleado con la supervivencia del comercio tradicional. Porque si permitimos que la jornada de 37,5 horas ahogue a los autónomos y pequeños empresarios de Madrid, la ciudad entera perderá su vida comunitaria y su motor vecinal.

«Una ley que no toma en cuenta el sudor de quien levanta el cierre cada mañana es una ley coja, porque destruye el pan de los mismos que pretende proteger.» — Concha Espina (De sus escritos y ensayos sociales sobre la justicia y el trabajo en la España del siglo XX)

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario