¡Si no pagan la extorsión no tendrán libertad así sean inocentes! 

« ¡In dubio contra reum! »

«La justicia retrasada es justicia denegada.» — Eduardo Couture

El principio universal de inocencia y el venerable axioma de que toda duda favorece al reo languidecen hoy en los tribunales penales bajo el peso asfixiante de una mora judicial perversa y calculada. Cuando el sistema de administración de justicia se desvía de su misión primordial, el proceso deja de ser el instrumento ético para la averiguación de la verdad y muta silenciosamente hacia un mecanismo de asfixia y extorsión institucionalizada.

En este escenario sombrío, el retardo procesal no constituye una simple falla logística ni un rezago burocrático imputable a la saturación de los despachos, sino una estrategia deliberada de coacción psicológica y patrimonial. Los operadores de justicia desnaturalizan los plazos legales, ignoran sistemáticamente los derechos humanos de los procesados y mantienen la libertad humana en un limbo de indefinición jurídica, convirtiendo el tiempo en la principal moneda de cambio dentro de un mercado negro de influencias donde la dignidad del ciudadano es subastada al mejor postor.

La arquitectura de esta perversión procesal opera mediante el secuestro sistemático de las garantías constitucionales más elementales del individuo sometido a persecución penal. El juez corrupto instaura de facto una subversión dogmática terrible, sustituyendo el favor hacia el acusado por una exigencia de dinero de manera oculta que paraliza cualquier decisión en derecho.

Si la víctima de este engranaje no cede a las presiones de pago, la respuesta del tribunal consiste en prolongar indefinidamente la agonía procesal, transformando la medida cautelar en una pena anticipada de carácter cruel, inhumano y degradante. Esta manipulación perversa destruye familias, arruina patrimonios y corrompe los cimientos mismos de la república, pues la justicia vendida al por mayor deja de ser justicia para convertirse en una forma sofisticada de delincuencia organizada operada desde el propio estrado judicial.

« ¡La crítica nunca ataca a la institución ni al juez probo, sino que decapita la podredumbre del prevaricador y del mercader del derecho! »

Bajo esta misma dinámica de impunidad estructural opera el esprit de corps mal concebido, perverso y profundamente corrupto que hoy carcome los cimientos de la administración de justicia. Ya basta de que jueces y fiscales se protejan y defiendan entre sí, tejiendo un pacto de silencio (omertá) donde la complicidad corporativa sustituye al sagrado cumplimiento del deber constitucional.

Frente a esta tragedia institucional, los mecanismos disciplinarios internos de control y supervisión suelen comportarse como un lamentable saludo a la bandera, un cascarón vacío diseñado para proteger la impunidad corporativa de los togados. Las inspectorías de tribunales y los consejos de la judicatura guardan un silencio cómplice o se pierden en burocracias estériles que jamás sancionan con verdadera severidad la mora maliciosa ni investigan el incremento injustificado del patrimonio de quienes administran mal los destinos ajenos.

Esta protección mutua crea un blindaje corporativo impenetrable, donde la complicidad institucional perpetúa el abuso y margina al ciudadano indefenso, el cual se debate trágicamente entre la ruina económica absoluta para comprar su libertad o la condena segura por haberse negado a entregar el dinero que le están exigiendo por su libertad.

La doctrina penal y el derecho civil comparado nos enseñan que las normas y los procedimientos poseen una lógica protectora del orden social, pero cuando estas instituciones son secuestradas por la podredumbre moral, el derecho positivo se convierte en una trampa mortal para el inocente. El procesado deja de ser un sujeto de derechos amparado por la ley para transformarse en un rehén financiero, alguien cuya presunción de inocencia ha sido confiscada por la codicia de un juez sin escrúpulos.

Por consiguiente, la mora procesal injustificada y prolongada con fines de lucro debe tipificarse social y jurídicamente como un delito de lesa humanidad procesal, un atentado gravísimo contra los derechos humanos que no prescribe en la conciencia pública ni debe tolerarse bajo el amparo de la inmunidad funcional de la judicatura.

Restaurar el Estado de derecho exige sacudir las estructuras podridas del sistema penal y desmontar los mecanismos de extorsión que operan en la sombra de los tribunales de justicia. Se requiere una sociedad civil vigilante, dispuesta a denunciar sin cortapisas a los magistrados mercaderes que han cambiado su toga por la franela de la corrupción y el latrocinio institucional.

Mientras el retardo procesal siga siendo un negocio lucrativo y sin castigo real, el lema de la justicia imparcial seguirá siendo una burla macabra para quienes sufren el rigor de las celdas, demostrando que la libertad del ciudadano jamás estará segura mientras el juez tenga el poder de cobrar el rescate de su sentencia.

«El juez es la ley que habla, y la ley no debe corromperse jamás por el oro ni por el miedo.» — Eduardo Couture

Disclaimer

La presente reflexión crítica no va dirigida en modo alguno a los jueces probos, correctos, estudiosos, éticos y honorables que honran su ministerio y mantienen la dignidad de la toga. Va dirigida, por el contrario y sin concesión, a los jueces corruptos, incorrectos, indigentes intelectualmente, desprovistos de conciencia y de honor, así como a los funcionarios de la venalidad, recordando siempre el antiguo adagio latino: excusatio non petita, acusatio manifesta (quien se excusa sin habérselo pedido, se acusa a sí mismo).

Esta denuncia se enmarca estrictamente en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y de opinión, tutelado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituyendo además el ejercicio inalienable de la contraloría social y de la acusación pública frente al desafuero manifiesto.

Doctor Crisanto Gregorio León 
Profesor Universitario