El Constitucional archiva los recursos de Junqueras, Turull y Romeva porque el Supremo ya les aplicó la amnistía

4 de noviembre de 2026
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El presidente de ERC Oriol Junqueras, acompañado por cientos de personas durante una concentración en apoyo a los amnistiados del 1-O, a 21 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) / EP

Los tres pedían que se les aplicara el perdón por malversación, algo que ya ha ocurrido tras el caso de Dolors Bassa

El Tribunal Constitucional ha archivado los recursos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. Los tres pedían que se les aplicara la amnistía por el delito de malversación en el ‘procés’. Ahora ya se les ha aplicado.

Los recursos son quejas que los tres presentaron ante el Constitucional contra decisiones del Tribunal Supremo. El Supremo les había negado la amnistía por malversación.

El Pleno del Constitucional ha decidido por unanimidad, en dos sentencias, que esos recursos ya no tienen sentido. Lo ha explicado en una nota de prensa.

Por qué ya no tienen sentido

Antes, el Constitucional había dado la razón a la exconsejera Dolors Bassa, que había recurrido las mismas decisiones del Supremo.

Después, el Supremo aplicó ese resultado al resto de condenados del mismo caso. Declaró que ya no tienen responsabilidad penal y archivó la condena de forma definitiva.

El Constitucional concluye que, con esa decisión, los tres han conseguido lo que pedían. Por eso cierra sus recursos.

Qué decían los tres

Turull sostenía que el Supremo había aplicado de forma demasiado amplia una excepción de la ley de amnistía, perjudicándole. Esa excepción deja fuera a quien actuó para obtener un beneficio personal en dinero o bienes.

También decía que el Supremo había aplicado otra excepción: que se dañaran los intereses económicos de la Unión Europea. Se apoyaba en el riesgo de que Cataluña se separara, algo que, según él, la propia sentencia de condena consideró que no fue real.

Junqueras y Romeva afirmaban que el Supremo había interpretado esas excepciones de forma poco razonable, hasta dejar la ley sin efecto. Decían que se habló de un afán de enriquecimiento y de un daño a los intereses europeos sin que se debatiera en el juicio ni constara en la sentencia.

Los tres denunciaban que así se vulneraban derechos como el de tener una defensa efectiva, el de ser juzgados con garantías y el de participar en política.

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