El Gobierno ha aprobado nuevas medidas para garantizar que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) funcionen de manera efectiva en los municipios españoles. A partir de ahora, los ayuntamientos deberán aplicar las sanciones correspondientes sin establecer periodos de transición que retrasen las multas.
La decisión, adoptada este martes por el Consejo de Ministros, modifica la normativa vigente y busca evitar que las restricciones al tráfico queden únicamente sobre el papel.
Esta obligación afecta a las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios que superen los 20.000 residentes cuando incumplan los límites establecidos de calidad del aire.
Además, los consistorios tendrán que demostrar que sus sistemas de vigilancia funcionan correctamente y que las limitaciones de acceso, circulación y aparcamiento se están cumpliendo.
Para ello, deberán presentar documentación que acredite tanto la entrada en vigor de las restricciones como la aplicación de las sanciones previstas en la legislación de tráfico.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica explican que esta modificación pretende reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y favorecer una movilidad urbana más sostenible.
El Ejecutivo también busca ofrecer mayor seguridad jurídica a los municipios y comprobar si estas medidas consiguen reducir realmente las emisiones contaminantes en las ciudades.