Los fallos de Óscar Puente en seguridad supondrán a los españoles tener que pagar 160 millones en indemnizaciones para las víctimas (Adamuz, 100 millones)

La póliza asume un máximo de 50 millones. Lo que exceda, sale del Estado. Los directivos de Adif, mucho mejor protegidos en los seguros que sus viajeros. Tienen una póliza de 10 millones anuales, cubre hasta las imputaciones judiciales

Los dos peores accidentes ferroviarios de la historia reciente de España tendrán también una factura económica descomunal, y buena parte de ella acabará previsiblemente en manos del Estado. Como ya ha ocurrido con las víctimas del accidente férreo de Angrois y está ocurriendo con las de Adamuz.

Las aseguradoras ya están moviéndose. Hay muchos millones de por medio hasta que llegue el previsible juicio. Y años de juicio por delante, aunque las aseguradoras propiciarán acuerdos extrajudiciales y adelantos económicos. Unos 72.000 euros por fallecimiento. Y más. Depende de las circunstancias de la víctima.

Las indemnizaciones por el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) no van a bajar de los 100 millones de euros, y las del accidente de Urda (Toledo) alcanzarán unos 170 millones, según fuentes de toda solvencia.

En total, unos 270 millones para reparar el daño causado a las víctimas de dos siniestros que han costado la vida a más de un centenar de personas en nueve meses en la misma línea, la de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, según han informado las mismas fuentes.

El problema es que el seguro firmado del gestor de la infraestructura no da para cubrir accidentes de esta envergadura. Aquí intervienen hasta reaseguradoras radicadas en la City de Londres.

El seguro de responsabilidad civil de Adif fija un límite de 50 millones de euros por siniestro.

Ese contrato está suscrito con QBE Europe, filial de la aseguradora australiana que también asegura a Iryo, involucrada en la catástrofe de Toledo.

Todo lo que exceda ese tope de 50 millones y sea imputable a Adif deberá pagarlo la propia entidad pública, es decir, el contribuyente.

En el caso de Adamuz, la aseguradora ya ha empezado a pagar. QBE ha comunicado al juzgado de La Carlota, Córdoba, que investiga el accidente una nueva transferencia de 816.952 euros, su quinta aportación, que se eleva ya a 27,62 millones el dinero total consignado para víctimas y perjudicados. No bajará de 100 millones.

La consignación se produjo el mismo día del accidente de Urda.

A QBE le quedan, por tanto, unos 22 millones hasta agotar la póliza.
A esa cantidad se suman unos 10 millones ya abonados por el seguro obligatorio de viajeros, que cubre a todos los pasajeros por el mero hecho de tener billete y que corre a cargo de las aseguradoras de los operadores.

Fija en 72.121,46 euros por cada fallecimiento y hasta 84.141,70 euros por las lesiones más graves.

Los directivos tienen hasta 10 millones de póliza

Hechas las cuentas, de los 100 millones que costará Adamuz, unos 40 quedarían fuera de cualquier cobertura de seguro. Si los tribunales atribuyen la responsabilidad a Adif, ese dinero saldrá de las arcas públicas.

La investigación apunta en esa dirección: la causa del descarrilamiento fue una rotura de 40 centímetros en un carril de la vía. Solo un reparto de culpas con otras partes, como el operador, los fabricantes o las empresas de mantenimiento, aliviaría esa factura.

En el accidente de Urda la desproporción es aún mayor. Aunque la aseguradora de Adif respondiera con el máximo de 50 millones, quedarían unos 120 millones por cubrir, a repartir entre el gestor de la infraestructura, Renfe e Iryo según se determinen las responsabilidades.

Una parte saldrá del seguro obligatorio de viajeros. Lo conocido hasta ahora tampoco aleja a Adif del foco.

Según explicó el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, el sistema de control del tramo cayó por una avería hacia las 8.30 y se quedó sin LZB, lo que detuvo hasta seis trenes.

El AVE recorrió unos 25 kilómetros y a las 8.54 alcanzó al Iryo, que seguía detenido. Más de cinco años después de la firma del contrato, el sistema europeo de seguridad ERTMS no funcionaba todavía en ese tramo.

La póliza de Adif fue renovada el pasado verano —en julio o agosto—, lo que crea una situación peculiar: el contrato del año anterior, con un límite de 50 millones por siniestro, cubre Adamuz, ocurrido antes de la renovación; el nuevo contrato, con el mismo límite, cubre Urda.

Cada accidente queda así amparado por su propia póliza y con su propio techo de 50 millones, sin que ambos siniestros deban repartirse una misma bolsa anual.

Con todo, la cobertura conjunta seguirá siendo insuficiente para afrontar una factura que dobla con creces lo que las aseguradoras pueden aportar.

A todo ello hay que sumar el dinero público ya comprometido al margen de las indemnizaciones. Tras Adamuz y Gelida, el Gobierno aprobó ayudas directas a las víctimas por un total de veinte millones de euros, y los abogados de las víctimas prevén que se repita una fórmula similar con Urda.

En el mejor de los casos, con la cobertura íntegra de las pólizas por cada accidente, el Estado podría tener que asumir a través de Adif hasta unos 160 millones entre ambos siniestros, salvo que los tribunales repartan la responsabilidad con otras partes.

Una factura que, como la de Angrois, tardará años en cerrarse en los juzgados.

Adif y el seguro

Los directivos de Adif están mejor protegidos que sus viajeros. Mientras el seguro obligatorio que protege a los pasajeros fija 72.121 euros por fallecimiento, Adif adjudicó el pasado julio un seguro de responsabilidad civil para sus administradores y directivos con una cobertura de hasta 30 millones de euros, dividida en tres capas de 10 millones cada una.

La prima anual asciende a 716.181 euros —casi el doble que el año anterior, cuando costó 468.372 euros—, un encarecimiento que el propio mercado asegurador vincula al incremento del riesgo tras los accidentes de Adamuz y Urda.

La póliza cubre los gastos de defensa penal y las posibles responsabilidades civiles en que puedan incurrir los directivos en el ejercicio de sus funciones.

En términos comparativos, la cobertura máxima de ese seguro equivale a 415 veces la indemnización que recibirán los familiares de cada pasajero fallecido en esos mismos accidentes.