Si Manuel Miranda Estrampes y yo nos volviéramos a encontrar

«La mínima actividad probatoria»

«La muerte no borra el pensamiento de los hombres ilustres, los inmortaliza en el recuerdo y en la vigencia de su legado».

El tiempo, implacable en su discurrir pero infinitamente generoso con las memorias fértiles, suele trazar puentes invisibles entre el plano terrenal y el espacio imperecedero del pensamiento humano. A menudo me pregunto qué sucedería si los senderos de la existencia volvieran a cruzarse milagrosamente, rememorando aquel histórico intercambio que detallé en Madrid, 12 de octubre de 2011: Manuel y yo en el café Gijón a las diez de la mañana, si la causalidad nos regalara una nueva conversación en alguna acogedora cafetería o en los sobrios pasillos de un claustro académico. Visualizo ese instante con la nitidez absoluta de una escena esculpida por la luz más pura: la palabra serena, la taza de café humeante frente a nosotros y la mirada siempre reflexiva de quien hizo de la dogmática penal y la prueba procesal un estandarte indiscutible de rectitud, integridad y solvencia intelectual. Aquella complicidad académica que nos unió en vida no fue producto de la casualidad, sino del firme compromiso compartido por desentrañar la verdad formal y material dentro del proceso. Pensar en ese hipotético reencuentro no es un mero ejercicio de nostalgia, sino una reafirmación categórica de los principios de justicia que ambos defendimos con vehemencia en las aulas y en las tribunas del foro jurídico internacional.

Si Manuel Miranda Estrampes y yo nos volviéramos a encontrar, el diálogo comenzaría exactamente en el mismo punto donde la involuntaria brecha del tiempo físico lo interrumpió. No habría necesidad de preámbulos formales ni de distanciamientos protocolares; bastaría el reconocimiento mutuo y sincero de dos apasionados por el derecho, la justicia y la intangibilidad de la dignidad humana. Repasaríamos de inmediato los avatares de la praxis judicial contemporánea, debatiendo con rigor científico sobre la integridad analítica de las pruebas forenses, los perniciosos vicios de la colusión institucional y la imperiosa urgencia de que jueces y fiscales entiendan que el proceso penal jamás debe ser utilizado como un mero trámite autómata, sino asumido como una garantía sagrada e inviolable de la libertad ciudadana. En esa conversación viva, cada argumento expresado por Manuel volvería a iluminar los aspectos más oscuros del procedimiento penal, recordándome la trascendencia de mantener una postura crítica y firme frente a las desviaciones del poder y el descuido e inobservancia de las solemnidades probatorias.

En ese profundo intercambio de ideas y vivencias, no solo confrontaríamos las variadas hipótesis doctrinales que en su momento enriquecieron nuestras cátedras, ponencias y escritos publicados. Nos detendríamos con especial devoción a valorar la incalculable trascendencia del Magisterio, la entrega honesta al foro académico y la vocación inquebrantable de formar conciencias jurídicas verdaderamente libres y reflexivas en las aulas universitarias. Le contaría con enorme satisfacción cómo sus valiosísimos aportes sobre la prueba ilícita y la presunción de inocencia siguen resonando con fuerza en las discusiones de nuestro tiempo, sirviendo de guía moral y técnica para las nuevas generaciones de juristas que buscan en la jurisprudencia una ciencia noble y no un simple mecanismo pragmático de conveniencia circunstancial. Hablaríamos de las batallas intelectuales libradas y de cómo la vocación por la docencia universitaria constituye la vía más eficaz para la transformación ética de la administración de justicia.

Asimismo, reflexionaríamos sobre la evolución de la sociedad y los incesantes desafíos que imponen las nuevas dinámicas globales al ejercicio del Derecho. Manuel escucharía atento mis observaciones sobre el papel del articulista de prensa y el compromiso del jurista que no se limita a la fría aplicación de la norma, sino que alza su voz en el debate público para denunciar la arbitrariedad y promover el debido proceso en cada rincón del foro judicial. Analizaríamos cómo la teoría jurídica debe traducirse en soluciones prácticas para el justiciable, evitando que la burocracia deshumanice la noble tarea de impartir justicia. En este punto de la conversación, la coincidencia de nuestros criterios volvería a evidenciar que la verdadera ciencia del Derecho no reside en la memorización de códigos estériles, sino en la comprensión filosófica de la equidad y en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de cada individuo.

El reencuentro ideal no pertenecería jamás al pasado, sino al presente continuo de los ideales que compartimos y que trascienden la brevedad de la existencia terrenal. Nos despediríamos con la plena certeza de que el conocimiento sembrado con rigurosidad académica y la amistad genuina forjada en el respeto intelectual superan cualquier frontera efímera, dejando una huella indeleble en las páginas de la vida y del concierto jurídico universal. Este ejercicio de imaginación y memoria no hace más que reavivar el fuego de la investigación, la docencia y la defensa apasionada del Estado de derecho. Mientras exista un aula donde se enseñe la verdad y un escrito que denuncie la injusticia, el pensamiento de Manuel Miranda Estrampes seguirá vivo entre nosotros, guiando la pluma y la voz de quienes nos negamos a rendirnos ante la mediocridad y la deformación de la praxis jurídica.

«En un siglo donde se venera lo efímero, la amistad fundada en la búsqueda de la verdad y el saber jurídico constituye el único refugio inexpugnable».

Epílogo doctrinario: El núcleo filosófico de la obra de Manuel Miranda Estrampes sostiene que la «mínima actividad probatoria» jamás fue pensada como un cheque en blanco para el juzgador ni como una dispensa del rigor probatorio. No se trata de valorar simples intuiciones, sospechas o atisbos, ni de llamar «prueba» a lo que carece de estructura, licitud y verosimilitud. Una prueba, por más mínima que sea, debe ser una verdadera prueba con todas las de la ley (lícita, objetiva, científica y válidamente incorporada) para que pueda romper legítimamente la presunción de inocencia.

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario y Broadcaster