La familia marroquí desahuciada en Vitoria cobra 2.454 euros mensuales en ayudas públicas y se fue 38 días de vacaciones a su país de origen

El dueño de la vivienda, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, vive de alquiler en una habitación con su mujer embarazada y su hijo

La familia marroquí con seis menores a cargo que fue desahuciada el pasado viernes en el barrio de Sansomendi en Vitoria percibe 2.454 euros mensuales en ayudas públicas, rechazó firmar la notificación de un piso de acogida y se fue de vacaciones 38 días a su país de origen el verano pasado. Por todo esto, el Ayuntamiento de Vitoria ha descartado de forma definitiva la adjudicación directa o extraordinaria de una vivienda a esta unidad familiar.

Según un informe municipal, el caso «no es una situación sobrevenida» ni una emergencia de última hora, puesto que la familia sabía desde octubre de 2019 que el propietario no renovaría el alquiler porque necesitaba la vivienda para uso personal. El dueño, que también ha sido declarado vulnerable social y económicamente, vive de alquiler en una habitación con su mujer embarazada y su hijo. Ambas partes mantienen un litigio judicial desde hace cinco años.

2.454,18 euros mensuales en ayudas públicas

El informe municipal señala que la familia recibe 2.454,18 euros mensuales en ayudas públicas, procedentes del Ingreso Mínimo Vital, la Renta de Garantía de Ingresos, prestaciones para vivienda y complementos a la infancia. Además, cuenta con ayudas de emergencia y apoyo del Banco de Alimentos.

Los servicios sociales también indican que la familia no habría seguido las pautas propuestas para la inserción laboral y la búsqueda de una vivienda en otros municipios. Asimismo, el informe recoge que un viaje de 38 días al país de origen durante el verano de 2025 interrumpió la búsqueda activa de empleo y alojamiento y supuso una penalización de 354,74 euros en una prestación.

Rechazó firmar la notificación de un piso de acogida

El Ayuntamiento asegura que ofreció a la familia una plaza provisional de acogida, pero el solicitante rechazó firmar la notificación y recoger el documento, que posteriormente fue enviado por correo certificado. Según el Consistorio, los ingresos de la unidad familiar permiten buscar una alternativa temporal por sus propios medios, aunque los servicios sociales valorarán su ingreso en el Centro Municipal de Urgencia Social si se produce una situación extrema.

En un comunicado oficial, el Gobierno municipal ha reiterado que «los Servicios sociales no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente». No obstante, reconoce la situación de vulnerabilidad de la familia y asegura que continuará prestándole apoyo dentro de sus competencias, respetando la confidencialidad de su expediente.