El PSOE se niega por ahora a entregar a Pedraz la lista de abogados que contrató entre 2021 y 2025 y pide amparo a la Abogacía

El partido justifica su decisión por el secreto profesional, las dificultades para recopilar la documentación y la campaña electoral, mientras solicita más tiempo para responder al requerimiento judicial

El PSOE ha comunicado al juez Santiago Pedraz que, por el momento, no entregará la relación de abogados, despachos y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025. La formación socialista sostiene que parte de la información solicitada está protegida por el secreto profesional y ha recurrido al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para que se pronuncie sobre esta cuestión.

La petición judicial se produjo después de que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declarara como investigada en una causa que examina, entre otros asuntos, los pagos realizados por el partido a Leire Díez y a profesionales de su entorno.

El magistrado solicitó conocer qué abogados y consultoras habían trabajado para la formación durante esos cinco años, así como los contratos que justificaban sus servicios y la documentación relacionada con los encargos.

Sin embargo, el PSOE no ha facilitado todavía esos datos. En un escrito remitido al juzgado el 21 de octubre, el partido explica que necesita más tiempo para reunir la información y garantizar que su entrega no vulnere derechos de terceros.

Uno de los principales argumentos de la formación es que las contrataciones no están registradas en una única base de datos, ya que sus diferentes estructuras territoriales pueden contratar servicios jurídicos de manera independiente. A esta dificultad añade que la campaña electoral en curso ha reducido su capacidad para recopilar toda la documentación.

El partido también considera que identificar a determinados abogados podría revelar asuntos confidenciales, estrategias de defensa o información relacionada con procedimientos judiciales todavía abiertos.

Para respaldar su postura, el PSOE cita jurisprudencia europea y constitucional sobre la protección de las comunicaciones entre abogados y clientes. Según su interpretación, esta confidencialidad no solo afecta al contenido de los asesoramientos, sino también, en determinadas circunstancias, a la propia existencia de la relación profesional.

Ante esta situación, la formación ha solicitado la intervención urgente del Consejo General de la Abogacía Española, al que pide que determine hasta dónde alcanza el secreto profesional en este caso.

Como alternativa, propone facilitar información general sobre los gastos jurídicos, incluyendo cantidades, fechas y órganos contratantes, sin identificar necesariamente a los profesionales implicados. También plantea que, cuando resulte imprescindible examinar contratos concretos, el juez lo autorice de manera individualizada y con las correspondientes garantías de confidencialidad.

El conflicto se ha producido después de que el juzgado reiterara el requerimiento el pasado 20 de octubre, concediendo al PSOE un plazo de dos días para responder ante la ausencia de documentación.

La formación asegura que ya había comunicado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que estaba recopilando los datos y rechaza que su actuación pueda interpretarse como una falta de colaboración con la Justicia.

Por su parte, Pedraz ha incorporado el escrito socialista a las diligencias y ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de las partes para que puedan pronunciarse.

La decisión sobre una posible ampliación del plazo queda ahora pendiente de la valoración judicial. Mientras tanto, el PSOE insiste en que está dispuesto a colaborar con la investigación, pero defiende que cualquier entrega de documentación debe respetar el secreto profesional y los derechos de las personas afectadas.