Aguirre declara como testigo en el juicio contra Ignacio González

Los acusados por dos contratos del campo de golf del Canal de Isabel II niegan los hechos y la Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre está citada este jueves como testigo en el juicio contra su sucesor en el cargo, Ignacio González. Se le juzga por presuntas irregularidades en dos contratos del ente público Canal de Isabel II, relacionados con un campo de golf.

Aguirre, histórica dirigente del Partido Popular, declara en la pieza del ‘caso Lezo’ que investiga esas adjudicaciones. El caso provocó en 2017 su dimisión como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid, tras la detención de González.

Ignacio González fue su número dos durante los años en que ella presidió la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012. Junto a él están acusados el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel, director gerente entre 2003 y 2009, y tres socios de la empresa TCT.

Esos socios son José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, hermano y cuñado de Ignacio González. TCT recibió las adjudicaciones presuntamente fraudulentas.

El juicio y la petición fiscal

La primera sesión se celebró el martes, cuando las partes plantearon las cuestiones previas. En ella, González y el resto de acusados negaron los hechos que se les imputan.

La Fiscalía Anticorrupción pide para todos seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios. Solicita además una multa de 550.000 euros.

Los hechos que se detallan a continuación son los que recoge el escrito de la Fiscalía. Deberán ser probados durante el juicio y los acusados gozan de presunción de inocencia.

Lo que sostiene la acusación

El origen está en 2002. Entonces el Canal de Isabel II firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid y convocó un concurso para cubrir el tercer depósito de agua.

Según la Fiscalía, en junio de 2004 la dirección del Canal impulsó una modificación de ese concurso para beneficiar a familiares de González. Para ello no habría convocado una nueva licitación, como debería haber hecho por los cambios sustanciales.

La acusación afirma que acordaron con la constructora Dragados adjudicarle directamente el contrato modificado. A cambio, debía subcontratar a TCT, cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.

El Consejo de Administración del Canal aprobó esa adjudicación el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González y De Miguel. Según el escrito, los familiares ocultaron su vínculo mediante personas interpuestas.

Subcontratas y supuestos beneficios

La Fiscalía sostiene que TCT carecía de capacidad técnica para los trabajos y que se interpuso de forma innecesaria. Cifra su beneficio indebido en al menos 504.780 euros, procedentes de fondos públicos.

Dragados subcontrató a TCT el 15 de junio de 2006 por 160.204,79 euros, para ejecutar un hoyo de prueba. Cuatro anexos posteriores elevaron el importe total a 3.067.864,83 euros.

Según la acusación, los socios de TCT acordaron reservadamente con responsables de Dragados subir un 47 % el importe a cobrar. TCT, incapaz de hacer los trabajos, los subcontrató a Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, con una comisión del 8 %.

Anticorrupción calcula que TCT facturó 3.257.039 euros a Dragados y pagó 2.876.010,16 euros a las otras dos empresas. La diferencia, 381.029 euros, sería el beneficio por una intermediación innecesaria.

Supuestos pagos bajo seudónimo

Según el escrito, entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 los acusados se repartieron parte de ese beneficio con un plan documentado. El hermano de González, bajo las siglas ‘PG’, habría recibido 101.348 euros en 20 entregas en efectivo.

El cuñado, identificado como ‘JJC’, habría cobrado 94.425 euros en 11 entregas. A Clemente, bajo las siglas ‘JCM’, le habrían correspondido 71.199 euros. Los pagos se habrían justificado con facturas de sociedades instrumentales.

La segunda adjudicación se produjo en 2006: la gestión de las instalaciones deportivas del depósito. La ganó una unión temporal de empresas formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras. Esa unión creó la sociedad Green Canal Golf, que firmó la concesión en 2007. Poco después subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años, por 9.875 euros al mes.

TCT lo subcontrató a Onlygolf por 7.941 euros mensuales. Según el Ministerio Fiscal, obtuvo así un beneficio aproximado de 124.000 euros solo por intermediar.