El Tribunal Constitucional ha rechazado, por amplia mayoría, admitir a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho al voto de determinados españoles nacionalizados mediante la conocida como ‘ley de nietos’. La decisión afecta a quienes no hayan acreditado ser descendientes de exiliados y pretendían participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El organismo dirigido por Ángel Gabilondo había solicitado una intervención urgente para dejar sin efecto las resoluciones del Tribunal Supremo, que confirmó la suspensión cautelar en septiembre y octubre.
La institución defendía que esta medida podía vulnerar derechos fundamentales, como la igualdad y la participación política, y reclamaba mantener a los afectados en el censo electoral de residentes en el extranjero.
Según sus estimaciones, más de 160.000 ciudadanos españoles podrían quedarse sin ejercer su derecho al sufragio en los próximos comicios.
El Defensor del Pueblo también advertía de que los ajustados plazos electorales hacían imprescindible una respuesta inmediata para garantizar su participación.
Sin embargo, la decisión del Constitucional mantiene vigente la suspensión acordada por el Supremo, dejando a los afectados ante la posibilidad de no poder votar en unas elecciones especialmente relevantes para quienes residen fuera de España.