¿Por qué Pablo Iglesias propuso, sin éxito, que Podemos se abstuviera ante la suspensión del acta de diputado de Junqueras por el delito de rebelión en mayo de 2019?

Gloria Elizo y Gerardo Pisarello incumplieron la instrucción de abstención del líder de Podemos y se negaron

ERNESTO EKAIZER/EL PERIÓDICO

El 24 de mayo de 2019, en la primera votación de la Mesa del Congreso tras las elecciones del 28 de abril, el líder de Podemos instruyó a los representantes de su partido, tras acordarlo con Pedro Sánchez, para que se abstuvieran en la votación sobre la suspensión del acta de diputado de Oriol Junqueras y de otros diputados independentistas presos. Sin embargo, ni Gloria Elizo, vicepresidenta primera del Congreso, ni Gerardo Pisarello, secretario primero de la Cámara, cumplieron la instrucción y votaron en contra de la petición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, dirigida a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Iglesias les recriminó que hubieran frustrado las negociaciones para formar un Gobierno de coalición con el PSOE.

Tras las elecciones del 28 de abril de 2019, la XIII Legislatura se constituyó el 21 de mayo. El PSOE había ganado las elecciones y estaban pendientes las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. La noche del 28 de abril, una multitud se concentró frente a la sede de Ferraz y coreó con fuerza: «¡Con Rivera, no!». Sánchez intentó llegar a un acuerdo con Albert Rivera, pero no lo consiguió. Podemos, por su parte, aspiraba a formar un Gobierno de coalición con el PSOE. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez mantuvieron negociaciones al respecto.

En la primera reunión de la nueva Mesa del Congreso, convocada para el viernes 24 de mayo de 2019, dos días antes de las elecciones municipales del domingo 26 de mayo, había un asunto de especial relevancia. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, había remitido el 21 de mayo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un escrito en el que preguntaba cómo afectaba a las funciones parlamentarias de los diputados en prisión preventiva la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto, aplicado por el instructor Pablo Llarena en 2018, contemplaba la suspensión automática del cargo público en determinadas circunstancias relacionadas con delitos de terrorismo o rebelión. Lesmes se refería a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

La presidenta Batet pidió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que aclarase, mediante un informe, qué debía hacerse. El 23 de mayo, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, respondió: «La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido». Asimismo, señaló «la necesidad de limitarse a reiterar lo que ya fue razonado en el auto de 14 de mayo de 2019».

En otros términos, Marchena no estaba solicitando autorización a la Cámara mediante un suplicatorio, como suele hacerse en determinados procedimientos, sino que apuntaba a la suspensión de los diputados. El 23 de mayo, la Mesa debatió el asunto y solicitó un informe a la Secretaría General sobre las competencias del Congreso. El dictamen concluía que «corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo a los diputados Junqueras, Rull, Sànchez y Turull».

El PSOE, el PP y Ciudadanos apoyaron la suspensión automática. Sin embargo, Gloria Elizo, en representación de Podemos, y Gerardo Pisarello, por los comunes, desoyeron las instrucciones de Iglesias y votaron en contra de la decisión. Su postura era coherente con la posición que mantenía su partido: que no existían delitos de rebelión ni de sedición en el proceso independentista catalán.

Precisamente, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicado por el juez Llarena, establece: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Según información fidedigna recabada por El Periódico, Iglesias recriminó a Elizo y Pisarello que no hubieran seguido sus instrucciones. Argumentó que estas se habían acordado con Pedro Sánchez y que su incumplimiento afectaba a las negociaciones para formar un Gobierno de coalición.

En realidad, fue el muy mal resultado de Podemos en las elecciones del 26 de mayo lo que llevó a Sánchez a considerar inútil un pacto con Iglesias. Consultado por este diario, Iglesias dijo no recordar los hechos y pidió un día para averiguar qué había ocurrido. Sin embargo, al cierre de la edición de este martes, 20 de octubre, no había ofrecido explicaciones.

La aplicación del 384 bis formó parte de una instruccion orientada por Llarena hacia el delito de rebelión, delito por el que la justicia alemana rechazó la entrega de Puigdemont a España en 2018 y ante el ofrecimiento de entregarlo por malversacion, Llarena y Marchena decidieron renunciar a dicha entrega.

El ponente Marchena y la otra gran personalidad del tribunal del procés, el magistrado Luciano Varela, pactaron no condenar por rebelión, cosa que el tribunal aceptó, y optaron por el delito de sedición, calificación de la Abogacía del Estado bajo la sugerencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez.