El empresario Julio Martínez Martínez, Julito, socio administrador de Análisis Relevante, la sociedad a través de la cual José Luis Rodríguez Zapatero ejercía de asesor, declaró el pasado 21 de julio en la Audiencia Nacional, un día después que el expresidente, en una sesión de varias horas en la que el instructor le preguntó por la posible relación entre lo que cobró y las presuntas gestiones de Zapatero.
Según la grabación de la declaración, a la que ha tenido acceso Fuentes Informadas, Martínez reconoce que el 1% cobrado de Plus Ultra tras el rescate de 53 millones fue una «comisión de éxito», que fue Zapatero quien le comunicó, antes de que fuera oficial, que la SEPI daría luz verde a la ayuda, y que Análisis Relevante siguió pagando una iguala a la agencia de las hijas del expresidente cuando ya no prestaba ningún servicio.
Martínez, que conoció a Zapatero en 2011 a través de Javier de Paz, cuando le compró la vivienda que el entonces presidente y su esposa tenían en Vera (Almería) —una operación que, según su relato, se firmó en La Moncloa ante los notarios de la Presidencia—, describió su papel en Venezuela como derivado por completo de esa relación. «Yo en Venezuela tengo ese acceso a todo por el señor Zapatero», explicó. Y añadió: «Sin el señor Zapatero no podría hacer nada en Venezuela».
Su interlocutora principal en Caracas, según su relato, era la entonces vicepresidenta ejecutiva y hoy presidenta, Delcy Rodríguez, a la que conoció por medio del expresidente.
Martínez reconoció que borraba los mensajes con interlocutores «de determinado nivel» y puso como ejemplos a Zapatero, a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez.
Ante la pregunta del juez por un mensaje de Zapatero que habla de una «gestión exitosa» en relación con unos vuelos de repatriación de Plus Ultra, Martínez explicó que en ese caso el expresidente no necesitaba intervenir, aunque todo se hacía «bajo el paraguas del señor Zapatero».
El juez le leyó un escrito de Roberto Roselli, ex director financiero y ex consejero delegado de Plus Ultra, en el que este sostiene que las facturas de Análisis Relevante por «elaboración de informe» y las de otras sociedades de Martínez por «gestión de vuelos» eran inciertas y encubrían el pago del 1%.
Martínez no lo negó: «Se cobra ese 1%». Ante la palabra «mordida», replicó que es un término venezolano y que se trataba de «una comisión de éxito». Sin embargo, el empresario afirmó desconocer qué gestiones se hicieron ante la SEPI.
Análisis Relevante dejó de facturar a Plus Ultra a partir del primer trimestre de 2021 por el «escándalo mediático», y fue el propio Zapatero quien pidió que se dejara de facturar por esa vía.
El cobro continuó a través de otras dos sociedades de Martínez, Bolia Analítica y Yot Domotic. La facturación a través de Análisis Relevante se retomó en 2023 y se mantuvo hasta 2025.
Otros trabajos para la aerolínea en Venezuela se facturaron a través de Caletón Consultores y Summer Wine.
El momento clave de la declaración llegó con los mensajes del 26 de febrero de 2021. Ese día, cuando la consultora Deloitte aún presentaba su informe legal ante la SEPI y no había nada decidido, Martínez escribió con cuatro minutos de diferencia a Rodolfo Reyes y a Camilo Ibrahim, accionistas de referencia de Plus Ultra, para felicitarles porque obtendrían la ayuda.
En uno de esos mensajes decía haber sido «informado y felicitado por la propia SEPI».
La fiscal le preguntó cómo podía saberlo si, según él, no tenía relación con nadie de la SEPI. «Eso tuve que ser informado por el presidente Zapatero», respondió Martínez.
Cuando la fiscal le planteó que, por tanto, quien conocía la concesión de antemano era Zapatero, el empresario asintió: «Debemos entenderlo así, claro».
Martínez insistió en que no conocía a nadie de la SEPI ni al director de participadas, José Ángel Partearroyo, y en que no gestionó la reunión con Pedro Saura en el Ministerio de Transportes ni ningún encuentro con José Luis Ábalos.
Pero admitió que todas las comunicaciones entre Plus Ultra y Zapatero pasaban por él: los directivos de la aerolínea le trasladaban sus necesidades y él informaba al expresidente de las que consideraba importantes.
El juez resumió esa función con una expresión gráfica: «un correo, ve y dile». Y planteó la conclusión que, a su juicio, se desprende del relato: si Martínez no interactuó con la SEPI, cualquier gestión ante el organismo tuvo que hacerla Zapatero, porque la otra alternativa sería que hubieran cobrado afirmando haber hecho algo que no hicieron.
El pasaje más comprometedor para la familia del expresidente se refiere a la agencia de diseño de sus hijas, que maquetaba los informes de Análisis Relevante.
Martínez explicó que esos informes eran genéricos, que no se hicieron para Plus Ultra y que los redactaba el propio Zapatero, mientras el periodista Sergio Sánchez les daba la redacción final y la agencia de sus hijas los maquetaba y enviaba a una lista de destinatarios proporcionada también por el expresidente.
Según Martínez, ese trabajo duró, aproximadamente, hasta 2022. Pero los pagos continuaron. «Sigo pagando porque tengo una iguala y no tengo ningún motivo de dejar de pagar esa iguala», dijo.
Ante la pregunta directa sobre si se pagaba sin que hubiera trabajo, respondió que sí, y explicó la razón: «Porque son las hijas del presidente Zapatero, y tengo una iguala y la sigo pagando».
Según los datos que expuso el juez, Análisis Relevante pagó 203.280 euros a la sociedad de las hijas. El magistrado fue explícito: «Sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva».
Martínez admitió que Análisis Relevante solo tuvo cuatro clientes pagadores: Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa y los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón.
A preguntas de su propia abogada, reconoció que se contrataba con la sociedad porque Zapatero había sido presidente del Gobierno y tenía grandes contactos, al margen de que se hicieran o no informes, que «más bien no se hicieron».
El caso de los Amaro Chacón es el que más interés despierta en el instructor. Según las cifras que expuso el juez, su sociedad Inteligencia Prospectiva (antes Alaska Ilimitada) transfirió unos 380.000 euros a Análisis Relevante, 266.000 euros a Gate Center y 551.000 euros a la sociedad de las hijas de Zapatero.
El juez señaló que el dinero procedía de ampliaciones de capital con fondos de fuera de España, una mecánica que asoció con el blanqueo, y que la sociedad y los hermanos están en paradero desconocido.
Martínez solo pudo hablar de un «asesoramiento personalizado» de Zapatero, sin concretarlo. El juez le replicó que esa fórmula «suele ser tráfico de influencias en la mayoría de los casos», aunque precisó que no afirmaba que lo fuera en este, y le exigió concreción: «Lo demás son milongas griegas».
El empresario reconoció además que los mensajes del chat con Domingo Amaro dirigidos al «presidente» eran comunicaciones de los Amaro con Zapatero, que luego este le reenviaba a él. Admitió también la existencia de una carta de intenciones de una compañía china, fechada el 30 de octubre de 2023 y dirigida a la oficina del expresidente en la calle Ferraz, número 70, con una propuesta de negocio en Venezuela.
Martínez explicó que las anotaciones políticas de su agenda, entre ellas una sobre el llamado «plan Z», eran peticiones que Zapatero le dictaba después de salir a correr, «en el 99% de los casos» relacionadas con la liberación de presos políticos en Venezuela.
Sobre los cerca de 300.000 euros en efectivo hallados en su domicilio, repartidos en sobres —algunos con anotaciones que la UDEF identifica como chinas— y en lugares como radiadores, sostuvo que procedían de su actividad inmobiliaria y que no tenía dónde guardarlos. Negó tener criptoactivos y que Zapatero tuviera interés en la sociedad que intentó constituir en Dubái para recuperar fondos del banco venezolano Bandes bloqueados en Nur Capital, una operación que, según su versión, nunca llegó a cuajar.