Pedraz ordena a la UCO que acredite la integridad de las pruebas

El juez atiende la petición de Javier Pérez Dolset y exige la relación de evidencias copiadas, sus códigos hash y la prueba de que el material excluido el 7 de octubre no llegó a Hacienda

El magistrado Santiago Pedraz, titular de la plaza n.º 5 de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aporte a la causa la documentación completa sobre la copia de evidencias que los investigadores remitieron a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Lo hace en una providencia fechada este martes, 20 de octubre, en las diligencias previas 150/2025, conocidas como ‘caso Leire Díez’, que se tramitan por tráfico de influencias.

La resolución responde a un escrito presentado por la procuradora Guadalupe Hernández García en nombre del empresario Javier Pérez Dolset, investigado en la causa.

El juez ordena unirlo a las actuaciones y, «visto lo solicitado», libra oficio a la UCO para que entregue cinco bloques de documentación.

En primer lugar, el oficio n.º 6584/2026 que la UCO dirigió a la IGAE, íntegro y con todos sus anexos.

En segundo lugar, la relación individualizada de las evidencias copiadas en dos discos, con números de serie NT175Z51 y NT173NV8, identificando de qué evidencia de origen procede cada elemento.

Pedraz reclama también los valores hash de cada imagen o fichero grabado y, en su caso, de cada soporte, junto con el acta o justificante de entrega a la IGAE.

El hash es la huella digital que permite comprobar que una copia es idéntica al original y que no ha sido alterada, pieza clave de la cadena de custodia.

El cuarto punto es el más llamativo: la UCO deberá acreditar que el material del apartado 6, excluido mediante una rectificación de 7 de octubre de 2026, no se incluyó en la copia entregada.

La providencia no detalla el contenido de ese material ni el motivo de su exclusión.

Por último, el juez pide los hash del clonado de la evidencia identificada como M7-EV13.1 y de la copia contenida en un disco Western Digital de 2 TB (n.º de serie WCC4M8AY46X0), remitido con otro oficio, el 6598/2026, con constancia expresa de que ambos coinciden.

Una defensa centrada en la cadena de custodia

La petición de Pérez Dolset apunta a la trazabilidad de las pruebas y a comprobar si las copias son fieles a los originales.

Este tipo de diligencias suele anticipar una eventual impugnación de la validez o el alcance de las evidencias digitales.

La IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, es el órgano que habitualmente elabora informes periciales económicos en causas de corrupción.

El contexto

Pérez Dolset figura entre los investigados junto a Leire Díez y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo en la causa sobre la presunta trama para desbaratar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Desde hace años colabora con Díez en la defensa de supuestas víctimas de prácticas policiales irregulares, y la UCO ha documentado un viaje de ambos a Zaragoza en julio de 2017 para reunirse con un antiguo responsable policial vinculado al ‘caso ERE’, con billetes gestionados desde Ferraz.

Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización Santos Cerdán, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por presuntos pagos a Díez; la exmilitante fue detenida en diciembre de 2025 y quedó en libertad bajo fianza.

Según el auto judicial, el partido habría destinado 178.000 euros a esa estructura, dirigida a desacreditar a jueces como Beatriz Biedma, Mercedes Ayala o Juan Carlos Peinado.

La Audiencia Nacional imputó además a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con quien Díez se habría reunido hasta tres veces entre 2024 y 2025.

En agosto, el magistrado Arturo Zamarriego (plaza n.º 9 del Tribunal de Instancia de Madrid) se inhibió a favor de Pedraz, y la causa sobre las llamadas «cloacas», en la que también figuraba Pérez Dolset, quedó acumulada a estas diligencias.