Cuáles cabezas de un grupo estructurado de delincuencia organizada, la fiscal Abuela Adams y la jueza María Narcisa Bob Evans representan dos arquetipos de una justicia que traiciona su razón de ser cuando el poder se utiliza para intimidar, someter y castigar injustamente, porque intereses inconfesables mueven sus ánimos. Ellas quieren muchísimo dinero, pero mucho dinero en euros o en dólares.
Una fiscalía que convierte la acusación en instrumento de presión y un tribunal que transforma la libertad en objeto de negociación encarnan la inversión de todos los principios que deben orientar la Administración de Justicia. En ese universo de perversión institucional, el hombre que se niega a satisfacer exigencias económicas ilícitas termina enfrentándose a la amenaza de perder su libertad, mientras quienes deberían protegerlo aparecen representados como artífices de su desventura.
La justicia injusta no deja de ser injusticia porque se pronuncie desde un despacho oficial ni porque se revista de solemnidad jurídica. La investidura no santifica la arbitrariedad, y el ejercicio del poder no puede justificar el atropello de los derechos fundamentales. El contraste entre la función que las instituciones proclaman y la conducta que estos personajes representan revela la distancia que puede existir entre administrar justicia y pervertirla.
«En colusión con los órganos de prueba, harto sabido es el récord delincuencial de este par de joyas, de la juez y de la fiscal, de las personas que han puesto en libertad porque han pagado el precio que ellas han exigido y de las personas que se mantienen privadas de libertad porque no han pagado el precio que ellas han exigido».
Esta perversa complicidad criminal opera como una siniestra puesta en escena dramática, una suerte de coro delictivo en el que una asiente las ilegalidades de la otra y, buscando con descaro la validación de sus extorsiones, parecen repetir constantemente aquella icónica expresión de las novelas de ficción: «¿Verdad, Jesús?», demostrando que a este tándem procesal le falta total conciencia moral. Bien sentenció el propio Jesús: «No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre» (Mateo 7:21).
La fiscal Abuela Adams representa el arquetipo de quien desnaturaliza la misión de perseguir los delitos cuando convierte el poder de acusar en una amenaza contra quien se resiste a sus exigencias, como cuando en sede policial le dio la libertad a varios hombres que sometieron a una mujer a la felatio, porque le pagaron $2000. O los casos en que la juez María Narcisa ha recibido altas sumas de dólares por libertades y la vez que se negó a recibir una importante suma en dólares no por ética ni honestidad sino porque no confiaba en quién le enviaba el dinero.
Las personas afectadas solamente las están esperando en la bajadita y va a ser pronto, donde van a aparecer todas las pruebas de sus delitos en el ejercicio de sus cargos. Son un tándem de endiabladas corruptas cometiendo fraude procesal. La jueza María Narcisa Bob Evans simboliza, a su vez, la perversión de la función jurisdiccional cuando la decisión sobre la libertad deja de responder a la justicia y se convierte en una pieza de un mecanismo de sometimiento.
Con pruebas sembradas y perjurios, con el ensamblamiento de un fraude procesal maléficamente orquestado, en esta representación, el precio de negarse a pagar una extorsión es la amenaza de la ergastula o una prisión injusta, y la inocencia queda atrapada en una maquinaria que debería garantizar su protección.
No hay justicia donde el temor reemplaza a la prueba, donde la acusación se utiliza como represalia ni donde la autoridad se impone para doblegar voluntades. La deformación de estos personajes hace visible la gravedad moral de semejante conducta. El problema que se denuncia no es la existencia de la toga o de la fiscalía, sino su degradación cuando quienes ejercen esas funciones olvidan que su autoridad está sometida a la ley.
En el universo de perversión que encarnan la fiscal Abuela Adams y la jueza María Narcisa Bob Evans, la justicia tiene una tarifa que ellas mismas fijan, y esa tarifa se cuenta en miles de euros. Si un hombre es inocente y se niega a pagar, lo condenan por no haber satisfecho sus exigencias; si es culpable y pretende recuperar su libertad, también debe pagar miles de euros para obtenerla.
La consigna que define esta maquinaria de corrupción es brutal en su sencillez: «Si no me pagan, los condenamos». Y cuando el dinero no llega, la ira, el resentimiento y el narcisismo herido se convierten, en estos personajes, en combustible para la represalia. Ya no importa la verdad, ya no importa la inocencia, ya no importa el derecho: importa doblegar al ciudadano y demostrarle quién tiene el poder de encerrarlo. Cuando la condena se utiliza como castigo por no pagar y la libertad se transforma en mercancía, no existe justicia: existe extorsión revestida de autoridad.
La fiscal Abuela Adams y la jueza María Narcisa Bob Evans representan, además, el arquetipo de quienes confunden el ejercicio de una función pública con el derecho a imponer su voluntad sobre los demás. Su narcisismo se manifiesta en la pretensión de no admitir resistencia; su perversión, en la inversión de la finalidad de sus cargos; y su crueldad, en la indiferencia ante el sufrimiento de la persona a quien pueden privar de libertad.
Cuando quienes controlan la acusación y la condena convierten el desacuerdo con sus exigencias económicas en una afrenta personal, el ciudadano deja de ser tratado como sujeto de derechos y pasa a ser visto como alguien a quien hay que doblegar. En esta representación, la negativa a pagar desata la represalia, mientras el pago compra una esperanza de impunidad. La autoridad, en lugar de contener los impulsos abusivos, se convierte en el instrumento que les permite ejecutarlos. Esa es la perversión más grave: utilizar la institución que debía proteger al ciudadano para someterlo, castigarlo y lucrarse con su desesperación.
No puede hablarse de justicia cuando la fiscal y la jueza, tal como aparecen representadas en estos arquetipos, actúan movidas por la codicia, el resentimiento y la voluntad de imponer una tarifa a la libertad humana. El inocente no debe pagar para evitar una condena, y el culpable tampoco puede comprar con dinero una libertad que solo puede decidirse conforme a la ley.
¡Se habrá visto¡ La justicia no es una subasta, el proceso penal no es una caja registradora y la prisión no puede convertirse en instrumento de venganza contra quien se niega a entregar miles de euros. En esta ficción, Abuela Adams y María Narcisa Bob Evans encarnan una perversión institucional en la que la toga y la acusación pierden toda dignidad moral cuando se ponen al servicio del enriquecimiento ilícito personal. El mensaje es inequívoco: si el dinero determina quién queda preso y quién sale en libertad, la justicia ha sido sustituida por un negocio criminal y el poder judicial ha sido degradado hasta convertirse en herramienta de sometimiento.
«La justicia no se honra con la solemnidad de la toga, sino con la rectitud de quien la viste».
Disclaimer
A los efectos de la presente entrega periodística, los personajes de la fiscal Abuela Adams y de la jueza María Narcisa Bob Evans constituyen recursos literarios de ficción, concebidos como arquetipos para el ejercicio de la contraloría social, la crítica de la cosa pública y la reflexión sobre los sistemas de justicia. El artículo se enmarca en el derecho a la libertad de opinión y expresión reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los estándares interamericanos de protección del discurso sobre asuntos de interés público y de fiscalización ciudadana del poder. Los personajes y las situaciones narradas pertenecen al plano de la creación literaria; cualquier semejanza con personas reales no convierte por sí sola la ficción en una afirmación de hechos sobre ellas.
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario