El Gobierno reparte 180 millones entre cinco comunidades con zonas tensionadas para fomentar el alquiler asequible

Cataluña recibirá casi dos tercios del total, con 119,4 millones para sus 271 municipios declarados

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que concede 180 millones de euros en subvenciones directas a las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. El objetivo es que aumente la oferta de vivienda asequible y bajen los precios del alquiler.

Cataluña recibirá la mayor partida, 119,4 millones de euros, para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Euskadi tendrá 31 millones para 18 municipios y Navarra, 13,3 millones para 21.

Galicia recibirá 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela, y Asturias, 5,9 millones para cinco municipios.

En total, son 317 municipios que abarcan a más de 9 millones de habitantes, según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Cómo se ha calculado

Rodríguez ha detallado que el reparto tiene en cuenta dos factores: la población afectada por la declaración y el esfuerzo que hacen las familias para pagar el alquiler. Por eso, la financiación es mayor donde hay más población afectada y más dificultades.

La ministra ha defendido que declarar una zona tensionada no es reconocer algo positivo, sino admitir que existe un problema que exige soluciones extraordinarias.

Estas zonas permiten, por ejemplo, limitar las subidas del alquiler cuando acaba un contrato y bonificar a los propietarios que bajen las rentas.

En qué podrán gastar el dinero

Las comunidades podrán destinar las ayudas a cinco ámbitos. El primero es construir y rehabilitar viviendas, y buscar soluciones habitacionales alternativas, para destinarlas al alquiler social o asequible, sea cual sea la calificación y la titularidad del suelo.

También podrán comprar suelo con edificabilidad residencial, mediante las administraciones autonómicas o sus entidades con competencias en vivienda. Además, podrán desarrollar y urbanizar terrenos para uso residencial.

Otros dos ámbitos son la compra de viviendas ya existentes, y otras soluciones habitacionales, para incorporarlas al alquiler social o asequible, y cubrir impagos de contratos de arrendamiento.

Rodríguez ha recordado que el Ministerio ya había previsto otras medidas extraordinarias en el Plan Estatal de Vivienda. Incluyen ayudas para construir vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80 % del coste de comprar viviendas ya construidas para alquiler asequible.