Al Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre le pide la Red de Atención a las Adicciones, este jueves, que apruebe una ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad. La organización plantea que incluya medidas educativas, familiares y comunitarias.
La entidad considera prioritaria esta ley contra el alcohol y ha enviado a los partidos un paquete de propuestas. Quiere que la prevención y la atención a las adicciones formen parte de sus prioridades electorales.
Reclama también una protección efectiva frente a la publicidad y la promoción de bebidas alcohólicas, incluidos los entornos digitales. Defiende una respuesta integral que tenga en cuenta no solo la salud, sino también la situación personal y social de cada persona.
Para justificarlo cita la encuesta Estudes 2025, elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas entre estudiantes de 14 a 18 años. El 51,8 % había bebido alcohol en el último mes. Casi uno de cada cuatro había consumido en atracón en ese periodo, y la edad media de inicio era de 13,9 años.
La organización pide también aprobar la ‘Estrategia Nacional sobre Adicciones 2027-2030’ y mantener el compromiso institucional con estas políticas. Quiere un modelo que integre prevención, tratamiento, reducción de daños, apoyo a las familias e incorporación social.
Ese modelo debería abarcar además las adicciones sin sustancia y los problemas ligados al uso de pantallas y redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes.
En el ámbito penitenciario, reclama una asistencia sanitaria equivalente a la del resto de la población y la continuidad de los tratamientos tras salir de prisión. Propone además alternativas al ingreso cuando la ley lo permita y se adapten al caso, con acceso a tratamiento y acompañamiento.
En violencia de género, la entidad sostiene que la atención debe adaptarse a las situaciones de especial vulnerabilidad. Pretende que ninguna mujer quede fuera de los recursos de atención, acogida o protección por tener una adicción.
Para ello considera imprescindible disponer de recursos especializados y mejorar la coordinación entre los servicios de violencia de género, adicciones, salud y atención social.
También pide retomar la reforma de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, para situar la salud pública y la protección de las personas en el centro de la normativa.
Por último, quiere que las personas con adicciones en tratamiento o en proceso de inclusión se tengan en cuenta en las políticas de vivienda. Reclama incluirlas como colectivo específico en las políticas activas de empleo.